Coyuntura
Román Ramírez Carrillo
El debate en torno al llamado “matrimonio igualitario”, que muchos católicos impulsan, ha originado que algunos medios de comunicación, pidan la intervención del Estado para la cancelación de la libertad de expresión, de estos incómodos y “mochos” ciudadanos. La demanda de algunos medios de comunicación se basa en la defensa del Estado laico.
Las palabras de Jorge Aristóteles Sandoval, en la marcha de la comunidad LGTB, es un llamado “a la sociedad para derrumbar juntos todos los tabúes y vencer los discursos de odio y discriminación”. Durante su mensaje, hizo un llamado a respetar el matrimonio igualitario, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y añadió: “En Jalisco, debemos celebrar el amor sin importar el género, identidad o preferencia sexual”
Esto ha desatado que políticos, analistas, periodistas y académicos, estén alzando la voz exigiendo que caiga el poder del Estado contra los católicos, contra la Iglesia. El Código Civil jalisciense, vigente desde septiembre de 1995, definió al matrimonio en su artículo 258 como la unión social entre una mujer y un hombre. El 4 de abril de 2015, argumentando una preocupación para impedir matrimonios entre menores de edad, el Congreso local modificó el artículo 260 de dicho código, reiterando que esas uniones quedaban reservadas a parejas de distinto sexo.
La propuesta sobre el matrimonio igualitario, parte del supuesto de que la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer es discriminatoria, y que para evitar esta grave discriminación, plantea la reforma del artículo cuarto de la constitución sobre la base de la praxis jurídica de la Suprema Corte.
Por unanimidad de 11 votos, la Suprema Corte estimó procedente declarar inconstitucional el contenido del artículo 260 del Código Civil de Jalisco, en la porción que se refiere “al hombre y a la mujer” al calificarlo como atentatorio a la autodeterminación de las personas. Precisó que, al excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de contraer matrimonio, se estaba generando una violación al principio de igualdad.
El Estado laico bajo un sistema democrático, no puede ser antirreligioso. La libertad religiosa no es concesión del Estado. Es un derecho humano que arropa por igual a los ateos, a los agnósticos y a los creyentes de cualquier religión.
Entre sus múltiples expresiones se encuentran las religiones, las cuales tienen un lugar muy importante. El Estado debe garantizar la libertad de todas las expresiones, sin excluir a nadie, para armonizar intereses en función del bien común.
No se puede, por un lado, defender la democracia y el Estado laico mientras, por otro, se exige que los ciudadanos sean excluidos por manifestarse en libertad. Callar voces es lastimar a la sociedad misma. Exigir la represión de los creyentes, es tocar los ámbitos del autoritarismo.
34 delegaciones de la OEA; incluida, la de Venezuela, encabezada por Delcy Rodríguez, la belico
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