MADRID, 23 Jul. 18 (ACI Prensa).- Las voces de solidaridad con la Iglesia y el pueblo de Nicaragua no dejan de multiplicarse en todo el mundo ante la brutal ola de represión emprendida por el Gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los ciudadanos que protestan por la deriva autoritaria que sufre el país.
La oficina de Cáritas en España ha difundido una nota en la que “expresa su solidaridad y cercanía con sus hermanos de Cáritas Nicaragüense, con la Iglesia de ese país y con toda la ciudadanía que, como han denunciado los propios obispos –en una carta del pasado 14 de julio–, son víctimas de ‘la represión y la violencia por parte de los paramilitares pro-gubernamentales hacia las personas que protestan cívicamente’”.
La represión de las fuerzas policiales y paramilitares afines al gobierno de Ortega y Murillo han causado ya cerca de 350 muerto y miles de heridos desde que comenzaron las protestas en abril contra la reforma en la seguridad social y la deriva autoritaria del gobierno sandinista.
El martes 17 de julio paramilitares afines al presidente Ortega atacaron el barrio indígena de Monimbó en la ciudad de Masaya.
Durante el ataque, los paramilitares asaltaron y profanaron iglesias. Además, el Gobierno ha acusado a los obispos de golpistas.
Cáritas Española se suma, según afirma en el comunicado, al mensaje de los prelados de Nicaragua y “lamenta profundamente tanta muerte, dolor y sufrimiento, así como el escandaloso saldo de heridos, enjuiciados injustamente, amenazados, intimidados y los ultrajes cometidos contra quienes permanecieron en lugares de protestas pacíficas”.
Además, expresa “nuestro apoyo, cariño y cercanía en estos momentos tan dolorosos para el pueblo nicaragüense”.
La oficina española de Cáritas no es la única que se ha pronunciado sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua. Cáritas Europa también ha hecho pública su solidaridad con los represaliados por parte del Gobierno sandinista.
El 18 de julio emitió una nota en la que manifestaba su solidaridad con “las víctimas y sus familiares, vecinos y comunidades”, así como su dolor al constatar cómo “la misión de diálogo y socorro de la Iglesia, de Cáritas y en general de los ciudadanos están siendo obstaculizados y criminalizados”.
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