Editorial de Semanario #1146
De hechos se nutre la historia… y el futuro. Los Obispos de México, en el documento Alto a los Corruptos, de hace tres años, denunciaban el grave mal de la corrupción en nuestro país, y señalaban, “que favorece la impunidad y el enriquecimiento ilícito, la falta de confianza con respecto a las instituciones políticas, sobre todo en la administración de la justicia y en la inversión pública, no siempre clara, igual y eficaz para todos”.
Añadían que la corrupción es una forma de violencia que, “al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada”.
Para hacer frente a este gravísimo mal se requieren múltiples acciones conjuntas. Entre ellas, “la creación de instituciones que, de forma integral, coordinada y en tiempo real, prevengan, identifiquen, investiguen y modifiquen situaciones o condiciones que propicien la corrupción; sancionen oportunamente a los corruptos y hagan realidad el resarcimiento de los daños causados. Cualquier acto de corrupción amerita por sí mismo todo el peso de la ley”. Hasta aquí la orientación del Episcopado.
Hoy, combatir la corrupción en el tema de las gasolinas, reclama la mayor transparencia, para que todo el mundo comprenda cuál es la causa y cuáles son las consecuencias. Todas las batallas en contra de la corrupción tienen sus costos y por eso es necesario contar con la solidaridad y el respaldo de la ciudadanía.
En la crisis de los ductos y de la gasolina, se han formado tres grandes bloques: Por un lado el Presidente que insiste en pedir “paciencia y calma” a la población ante las fallas en la transportación de los combustibles, y reitera en que no se va a dar marcha atrás en la cruzada contra la corrupción en Pemex.
Otro bloque son los organismos empresariales, gobernadores y opinión pública que dicen apoyar y reconocer la decisión de combatir el robo de combustibles, pero piden replantear y corregir las fallas en la estrategia para no afectar a los ciudadanos ni la economía.
El tercer bloque, lo conforman los opositores que acusan “ineptitud, incapacidad y una fallida estrategia” y piden revertir el plan de combate al huachicoleo y garantizar el abasto de combustibles.
Para combatir la corrupción hay que ir a las causas y no sólo castigar los efectos. Por difícil que sea, es preciso erradicar las fuentes de los negocios que se hacen con los recursos de la nación.
La experiencia ciudadana indica que la corrupción se origina en la posesión de los espacios, puestos, y áreas de decisión en el uso de los recursos públicos.
Es fundamental, evitar que los corruptos se adueñen de los dineros y medios de la nación. Se debe diseñar, con apoyo de los ciudadanos, una política de Estado para liberar a México de sus secuestradores, la alta burocracia. En el caso de Pemex, es trascendental que nadie vuelva a apropiarse de lo que es de todos.
Erradicar la corrupción no es solamente a castigar a quienes encabezan o participan en redes de corrupción, sino a desmontarlas desde el origen. Romper los eslabones de esas cadenas exige inteligencia institucional: saber dónde nacen, por dónde pasan y dónde terminan, para cortarlas completamente.
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