La Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, vigente desde 1791, prohíbe la creación de leyes que establezcan oficialmente una religión, que impidan la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa y que interfiera con el derecho de reunión pacífica, entre otros derechos.
En su opinión sobre el caso Espinoza vs el Departamento de Ingresos de Montana, el juez John Roberts escribió que la Constitución de Estados Unidos “condena la discriminación contra escuelas religiosas y las familias cuyos hijos asisten a ellas”, por lo cual estas deben tener el mismo acceso a los programas de ayuda, como lo tienen las escuelas seculares privadas.
En el fallo de la Corte Suprema de 5 votos a 4, el juez Roberts fue secundado por los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, y Brett Kavanaugh. En contra votaron los jueces Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
El tema de la demanda es un programa de becas escolares creado por la legislatura de Montana en 2015, financiado por donantes que podían luego reclamar crédito fiscal. El Departamento de Ingresos de Montana indicó que las becas solo podían darse a escuelas seculares o no religiosas debido a una cláusula de la Constitución estatal.
Montana ratificó una “Enmienda Blaine” en su Constitución de 1889 y luego nuevamente en 1972, prohibiendo el financiamiento con fondos públicos de causas “sectarias” o instituciones religiosas.
Aunque algunos denunciaron que la enmienda se estableció en un tiempo de odio anticatólico para negarle fondos públicos a instituciones católicas, otros señalan que la actualización de 1972 buscaba ponerse en línea con una cláusula que prohíbe una religión estatal.
Roberts resaltó que la enmienda “excluye a las escuelas de recibir ayuda del gobierno solo por su estatus religioso”.
Varios padres de familia de la Stillwater Christian School en Kalispell, Montana, demandaron al Estado y el caso llegó primero a la Corte Suprema estatal y luego a la federal.
En su fallo, el juez Roberts dijo que la prohibición del estado de Montana de financiar a las instituciones educativas religiosas no se ajusta a la historia. “En la era fundacional y a comienzos del siglo XIX, el gobierno proporcionaba ayuda financiera a las escuelas privadas, incluyendo las denominacionales”, indicó.
“Cuando a la corte (estatal) se le pidió aplicar una provisión para no ayudar y así excluir a las escuelas religiosas del programa, estaba obligada por la Constitución federal a rechazar el pedido”, resaltó Roberts.
Hace unos días, el Arzobispo de los Ángeles y presidente del Episcopado estadounidense, Mons. José Gomez, afirmó que 37 estados en el país todavía aplican la “Enmienda Blaine” que “evita que los fondos de los contribuyentes sean usados para ayudar a los estudiantes de las escuelas religiosas”.
El también Arzobispo de Los Ángeles alertó que esta ley anticatólica ha resultado en “una situación injusta para las familias pobres y de clase media”, quienes están obligadas a pagar una colegiatura por la educación de sus hijos, mientras dan impuestos para los niños “inscritos en el sistema escolar público”.
El Prelado resaltó que las escuelas católicas, ahora en peligro de quiebra por diversos factores como la pandemia del coronavirus, ahorran a los contribuyentes de la nación “alrededor de 24 mil millones de dólares cada año”, al cubrir el acceso a la educación de aproximadamente dos millones de estudiantes.
“Si se permite que las escuelas católicas quiebren en números notables, a las escuelas públicas les costaría alrededor de 20 mil millones de dólares el poder absorber a esos estudiantes”, monto que no pueden asumir, advirtió.
Traducido y adaptado por Walter Sánchez Silva. Publicado originalmente en CNA.
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