Trump pone más limitaciones a la financiación del aborto en el extranjero

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió hoy de manera sustancial las limitaciones para financiar grupos u organizaciones sanitarias en el extranjero que ofrezcan o informen sobre prácticas abortivas. El Departamento de Estado anunció el pasado lunes el programa "Protección de la Vida en la Asistencia de Salud Global", que tendrá 8.800 millones de dólares para financiar organizaciones no gubernamentales de todo el mundo que cumplan con la regla de "mordaza global", aquella que prohíbe asistir a asociaciones que ayuden en el acceso al aborto. De este modo, ninguna organización que reciba dinero estadounidense puede promover o abordar servicios abortivos, incluso si están utilizando fondos extranjeros para hacerlo, es decir, una clínica que reciba asistencia estadounidense para el alivio del VIH o Zika perderá todo ese dinero si proporciona información a las mujeres embarazadas acerca del cuidado del aborto seguro. La regla, también conocida como la "política de Ciudad de México", fue reinstaurada por Trump apenas tres días después de tomar posesión de su cargo en enero pasado, después de que hubiera sido revocada por su predecesor, Barack Obama. El nombre de la regulación se debe a la localización de la conferencia de Naciones Unidas de 1984 en la capital de México, donde el expresidente Ronald Reagan anunció la medida.

Un flujo de financiación crucial

Según explicaron altos funcionarios del Gobierno estadounidense en una rueda de prensa telefónica, la medida de hoy corrobora "lo que el presidente ha dejado muy claro: el dinero de los contribuyentes estadounidenses no debe usarse para apoyar a las organizaciones extranjeras que realizan o promueven activamente el aborto como un método de planificación familiar en otras naciones". Los nuevos términos de la prohibición se aplicarán a 8.800 millones de dólares en ayuda extranjera existente proporcionada por el Departamento de Estado, Usaid (la agencia de cooperación estadounidense) y el Departamento de Defensa. Esto significa que una organización en un país en desarrollo que proporciona medicamentos o asistencia para otras enfermedades con dinero estadounidense podría ser excluida de recibir fondos de asistencia médica si ofrecen o incluso hablan a los pacientes sobre cualquier tipo de servicios de aborto. Los críticos dicen que la norma pondrá a miles de trabajadores internacionales de la salud en la difícil posición de decidir si continúan ofreciendo el aborto, a riesgo de perder un flujo de financiación crucial. Estados Unidos es el mayor país donante en esfuerzos globales de salud, por lo que la nueva norma tendrá un impacto de largo alcance en iniciativas de salud reproductiva en el extranjero.

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