La anunciada ratificación de mandato anunciada para llevarse al cabo este domingo 27 de agosto, ha sido cuestionada, por diferentes circunstancias que se han presentado en su preparación, y con sus respectivas consecuencias en el momento de su aplicación.
La Iglesia promueve y defiende toda iniciativa de participación ciudadana democrática, orientada al bien común y al escrutinio objetivo de los gobernantes, en aras de un progreso integral de la sociedad, pero cuando es auténtica (cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), nn. 393-395, 407, 413).
Así lo señala: “El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes, y también en su sustitución, en caso de que no cumplan satisfactoriamente sus funciones” (DSI, 395; Juan Pablo II, Centesimus annus, 46).
Pero, tratándose de un asunto político en México, nunca hay menos de una doble intención. Quisiéramos que todas fueran buenas, pero en política se aparenta una cosa y la realidad es otra, u otras. Además, la ratificación de mandato se ha visto empañada por irregularidades.
Tanto jóvenes de la Universidad de Guadalajara, a su manera, como del programa municipal Becas Prepárate, han denunciado que personal del Ayuntamiento de Guadalajara los condiciona para que puedan recibir su dinero, obligándolos a asistir a eventos públicos del alcalde y proporcionar datos personales de sus padres, para que participen en la ratificación de mandato, dando un sí, por supuesto, por ejemplo.
En Zapopan no está claro quiénes serán los que estarán presentes en las casillas, porque la información no la han dado a conocer.
Lo que criticó el partido en el poder municipal, e hizo inclinar el voto a su favor de muchos ciudadanos, es lo mismo que realizan: acarreos, simulaciones, chantajes, autoritarismo, etc. Es decir, repiten las mismas prácticas, para que la ratificación sea un hecho.
Sin duda que han hecho obras y establecido programas que han servido a la población, pero también, en otras, por ejemplo, no ha habido consulta ciudadana. Cuando hablan de socialización de obras, entienden el hecho de repartir volantes de información, nada más, pero no diálogo con los ciudadanos, que implica una real y verdadera socialización. Las decisiones son tomadas sin preguntar, y cuando se les pide que haya diálogo, siguen defendiendo su postura. La soberbia en sus actitudes ha dejado mucho qué desear. Son incapaces de admitir que se puede cometer un error en sus decisiones.
Esto se puede aplicar a la pretendida ratificación de mandato. Un ejercicio democrático objetivamente laudable, pero no como se piensa realizar.
Esta actitud no sorprende, sobre todo cuando provocar polémica y confrontación es parte de las políticas públicas, no como consecuencia, sino como causa. Es decir, el desgaste es intencional. Así que no esperemos novedades.
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