SANTIAGO, 01 May. 17 (ACI).- César Mosquera, que presta servicios de imprenta en Chile con su imprenta Publicamos, enfrenta una persecución legal tras negarse a imprimir invitaciones para una ceremonia de unión civil homosexual.
En agosto de 2015, Pablo Zapata y Luis Carreño decidieron firmar el Acuerdo de Unión Civil (AUC). Para ello cotizaron en varias empresas la elaboración de sus invitaciones a la ceremonia.
El AUC regula los efectos jurídicos de la convivencia, como el régimen patrimonial, salud y herencias, entre parejas del mismo sexo y heterosexuales.
Zapata dijo al diario Publimetro que la imprenta Publicamos manifestó por escrito su negativa a realizar el trabajo, porque “hacer este parte va en contra de nuestros valores”. Entonces la pareja presentó una demanda con el apoyo de la Fundación Iguales y el Servicio Nacional del Consumidor por la supuesta “discriminación arbitraria y negativa injustificada de venta”.
En el mismo mes, Alonso Gaete y Roberto Ibáñez se contactaron con la misma imprenta con el mismo fin y Publicamos nuevamente se negó, aduciendo a sus convicciones cristianas.
Esta pareja homosexual, con el apoyo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), presentó una querella por vulneración a los derechos de no discriminación contemplados en la Ley del Consumidor y la Ley Zamudio.
Tomás Henríquez, Director ejecutivo de “Comunidad y Justicia”, organismo defensor de los derechos humanos, conversó con ACI Prensa y dijo que “la objeción de la imprenta no es la atención a los homosexuales sino, que la obliguen a participar de un acto que ellos consideran inmoral”.
“La imprenta en ningún caso niega la posibilidad de que ellos contraigan el AUC, no tiene el poder de hacerlo”, explicó.
“Lo que dice (la imprenta) es: ‘no me obliguen a participar de aquello con lo que yo no puedo en conciencia de hacerlo. Eso está amparado por el derecho a la libertad de conciencia en Chile”, agregó el abogado.
A su juicio, es un “problema irreal” ya que existen otras imprentas que “están dispuestas a hacer el trabajo y no van a objetar. Simplemente es ensañamiento, para forzar a todos a consentir con lo que está pasando”.
El abogado calificó la situación como “un abuso del derecho”.
Henríquez planteó un ejemplo: “Si alguien le dice a un vendedor ‘véndame un arma para matar a una persona’, el vendedor perfectamente podrá decir que no, por el mal que va a hacer, y todos lo entenderíamos”.
“La única diferencia es que mientras hoy todos estamos de acuerdo con que matar es malo, tenemos una discusión vigente en Chile respecto de que si es moralmente correcto o no celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo o AUC”, explicó.
El 5º Juzgado de Policía Local de Santiago sancionó en marzo de 2017 a César Mosquera, a pagar una multa por unos 700 dólares, pero él apelará.
Mosquera dijo a El Demócrata que respeta a toda persona y “de ninguna manera hemos discriminado a nadie, porque el cristianismo y lo que yo profeso es el amor y el respeto hacia toda persona, independiente lo que piense y crea”.
Sin embargo, precisó, “yo también pido que se respeten mis creencias religiosas, las cuales están amparadas en la Constitución de la República, tales como la libertad de culto y la objeción de conciencia. Yo no puedo hacer algo que va a en contra de mis creencias, por lo que hay una razón justificada por la cual yo me negué a imprimir esas invitaciones”.
En tanto, la Directora de Advocates Chile y abogada de Mosquera, Carmen Moreira, explicó a El Demócrata que la denuncia fue “planteada desde el principio de una manera engañosa, útil solo al activismo de la Fundación Iguales, que ha impedido entrar a debatir el fondo de este conflicto, que es la justificación que tuvo nuestro representado como persona natural para elegir que servicio prestar conforme a sus creencias religiosas”.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 25 de abril de 2017
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