Apoyo directo

Pbro. José Marcos Castellón Pérez

Las estancias infantiles y los centros de apoyo a mujeres víctimas de violencia eran de las instancias civiles subsidiadas por el Gobierno Federal, hasta hace un par de semanas. Dejarán de recibir los apoyos gubernamentales por supuestos malos manejos y casos de corrupción, como lo ha anunciado el presidente de la República. Ahora los beneficiados recibirán directamente la cantidad en efectivo.

El Estado tiene la obligación de ejercer el principio de justicia subsidiaria para que las personas menos favorecidas puedan tener garantizados sus derechos y satisfechas sus necesidades básicas. También tiene la obligación de ejercer el presupuesto de manera transparente y eficaz, de modo que, en cuestión de desarrollo social, el gasto burocrático sea lo más delgado posible; es decir, que no se gaste más en la gestión de los programas de ayuda que en la misma ayuda, lo que además generaría corrupción y malos manejos.

Idealmente, pensando en el pueblo bueno y sabio, esta forma de apoyo directo resultaría más eficaz porque así se puede destinar el recurso incluso para favorecer la economía familiar; por ejemplo, en vez de pagar la estancia infantil se puede destinar el recurso a la abuela o tía que podría cuidar al niño. Pero ¿en verdad ese dinero se destinaría para lo que el gobierno lo daría? ¿Habrá una forma de control para que se destine a ese fin?

En la experiencia de muchas personas profesionales en el desarrollo social y de instituciones de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, no conviene dar directamente el dinero a los beneficiarios, sino prestar la ayuda que se requiere. Porque al prestar el servicio se ahorran gastos, se hacen eficaces los programas, se genera empleo y se garantiza que el recurso llegue al fin deseado. Se genera, de esta forma, una economía solidaria donde no sólo se beneficia justamente a quien tiene esa necesidad particular, sino toda una comunidad, creándose lazos sociales indispensables en la sana convivencia social.

Ciertamente el Estado tiene que vigilar por medio de la Secretaria de Hacienda y de la de Bienestar (Desarrollo Social), con frecuentes auditorías, a estas instituciones, para que se evite la corrupción, que siempre será la tentación de cualquier persona en una sociedad subdesarrollada y moralmente dañada. Además de garantizar la calidad de los servicios prestados.

El ofrecer la ayuda directamente, sin embargo, tiene un grave peligro, además de lo ya señalado, para la vida democrática del país. Para la mayoría de los beneficiados no hay diferencia entre el gobierno y el presidente (o su partido político), de modo que identifican el origen de la ayuda con el gobernante en turno, no con el Estado. El presidente tendría en los beneficiados un ejercito dispuesto a todo; pueden ser posibles reclutas ciudadanos para ser utilizados como carne de cañón para los intereses y políticas del presidente, incluso si van en contra de los valores más prístinos de la República, una República que se está estrenando, no sin dificultades y decepciones, en su vida democrática.