¿Por qué Arcópoli no cita ni una sola vez en un folleto de 52 páginas el informe de The New Atlantis?... ¿quién está mintiendo?¿Por qué Arcópoli no cita ni una sola vez en un informe de 52 páginas el informe de The New Atlantlis?... ¿quién está mintiendo? ¿Quién discrimina? La ley LGTB aprobada en la Comunidad de Madrid ha sido creada, en teoría, para luchar contra la discriminación. Su título es una declaración de intenciones: "Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid". Pero más allá del enunciado la realidad es que la propia norma ha sido creada para censurar y discriminar al discrepante. De hecho, discrimina a la inmensa mayoría de la población que no es gay, ni lesbiana, ni transexual. Y lo hace al conceder privilegios a esas minorías, de forma innecesaria, pues ya la Constitución establece que nadie puede ser discriminado "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (art. 14). Cualquier español puede acudir al juzgado si ha sido o se ha sentido discriminado. No es necesaria una ley como la norma aprobada por la Comunidad de Madrid. Para colmo, la ley Cifuentes no sólo discrimina a quienes no son LGTB sino que contempla sanciones económicas para quienes se atrevan a discrepar -ya sea a través de charlas, publicaciones o sencillamente emitiendo una opinión-. En menos de un año la Administración madrileña ha aplicado esta forma de censura. El director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón fue multado con 1.000 euros por criticar la norma en una circular interna y de carácter informativo enviada a los padres de alumnos del centro educativo. Sin duda, más allá del agravio económico que pueda suponer al ciudadano (hay multas de hasta 45.000 euros), se trata de una medida coercitiva en tanto que supone una amenaza muy seria a quien en el futuro se plantee criticar los postulados de género en público. En esta flagrante injusticia hay que recordar la presión que ejerció Arcópoli para que el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón fuera multado por criticar la ley LGTB.
¿Por qué Arcópoli no cita al Tribunal de Estrasburgo que dictaminó en 2016 que "no existe el derecho al matrimonio homosexual".Una ley hecha sin contar con padres ni profesores, es decir, impuesta. Argumenta Arcópoli que la ley no es "fruto de una acción unilateral de la Asamblea de Madrid", sin embargo no contaron con la opinión de la comunidad educativa: ni con profesores ni con padres de alumnos, sino solo con asesoramiento de colectivos LGTB, es decir parte interesada. De eso se lamentaba precisamente Pedro José Caballero, presidente de Concapa en declaraciones a Actuall. Para buscar una justificación Arcópoli sostiene que la norma "va en la línea" con "las numerosas recomendaciones" de las instituciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa. El problema es que pasaron por alto el detalle de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó en una sentencia de julio de 2016 que "no existe el derecho al matrimonio homosexual". ¿Por qué en un informe de 52 páginas no lo mencionan ni una sola vez? ¿Quién está mintiendo? Ellos son los primeros que admiten no tener datos fidedignos de homofobia. La razón de ser de la Ley Cifuentes es el número de actos discriminatorios que sufren los LGTB. Pero presentar un informe y reconocer que no se tienen datos (o al menos suficientes datos) es el colmo del oxímoron. Eso es lo que han hecho los autores del informe de Arcópoli. Dicen: "que los datos de los que se disponen en relación a la homofobia y a los delitos de odio en España no sean tan fidedignos como quisiéramos, no resta importancia al hecho de que existen numerosos informes de diversas instituciones y asociaciones que alertan del alarmante aumento de las agresiones a personas LGTBI".
Si no hay datos fidedignos de homofobia... ¿en qué se basa la ley de Cifuentes?Es decir, si la realidad no se ajusta a la teoría, peor para la realidad, que diría Lenin. Cabría preguntarse si no hay datos fidedignos de homofobia... ¿en qué se basa la ley Cifuentes? Y las estadísticas que dan son del colectivo LGTB, es decir juez y parte.- Al referirse a las agresiones sufridas por homosexuales, lesbianas y transexuales en la Comunidad de Madrid, aseguran que el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia ha contabilizado solamente en el primer semestre de 2016, hasta 109 ataques de los que sólo se denunciaron el 16% (más de 230 casos finalmente en 2016 según el Observatorio, a la espera de los datos definitivos del cierre del año). El problema es que esas estadísticas están elaboradas por la parte interesada, que reconoce que sólo el 16% de las mismas durante el primer semestre de 2016 fueron denunciadas. ¿Es el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia un organismo imparcial?, ¿es una instancia judicial? En absoluto, bajo tan rimbombante nombre, de aires oficialistas, está detrás la propia Arcópoli, que es la que coordina el Observatorio... ¿entonces? Y luego habría que preguntar: ¿a qué se considera agresión? ¿violencia física o también verbal? Y por otro lado, ¿justificarían estas agresiones la imposición de los postulados LGTBI a los niños en las escuelas?
La estadística sobre pensamientos de suicidio no ha salido elaborada por ninguna instancia científica sino por la Federación Estatal de Gays y LesbianasLo mismo se podría decir de la estadística sobre los pensamientos de suicidio de menores LGTB. Dice el informe que el 43% de quienes han sufrido discriminación ha pensado en algún momento en suicidarse. ¿Quién ha hecho ese sondeo? ¿Una instancia médica o psicológicas?, ¿una universidad?, ¿una revista científica?... No, lo dice un informe de acoso escolar y homofóbico de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas (FELGTB), coordinado por su secretario general, Jesús Generelo. No esperemos, por lo tanto, ni imparcialidad, ni rigor científico. Otra vez, estamos ante juez y parte. [caption id="attachment_53071" align="aligncenter" width="580"]
Portada de la revista National Geographic de enero de 2017[/caption] Toda la demanda LGTB carece de fundamento científico, es pura ideología.- El informe cita numerosos textos internacionales, de Naciones Unidas entre otras instancias, pero ni tienen validez científica ni valor legal vinculante. Es importante subrayar esto, porque la agenda LGTB los usa como referencia, como si esos manifiestos o principios tuvieran algún tipo de autoridad, cuando carecen de la misma. Uno de los más recurrentes -y al que se refiere el informe de Arcopoli- es de los Principios de Yogyakarta, que pretenden redefinir los derechos humanos con la perspectiva de género.
Los principios de Yogyakarta no son ni la Declaración de los Derechos Humanos, ni los Diez Mandamientos... y carecen de valor legal vinculantePero Yogyakarta no es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ni los Diez Mandamientos, ni la Constitución del 78, ni el código de Hamurabi... no es otra cosa que la declaración de un grupo de especialistas después de una reunión de 3 días en Yogyakarta (Indonesia) en 2006. Pero no tiene fuerza vinculante en el Derecho Internacional, no son oficiales, y ni siquiera han sido ratificados por los Estados. No tienen, por tanto, valor legal vinculante alguno. Las terapias de conversión son llamadas de ‘aversión’. El punto relativo a las terapias enfocadas a los homosexuales que desean dejar de serlo es calificado por Arcópoli como terapias de ‘aversión’. Según la asociación LGTB, estas terapias “han sido catalogadas por numerosos organismos internacionales e instituciones jurídicas y médicas como terapias fraude, con graves riesgo para la salud de quien se somete a ellas (desde padecer depresión a tendencias suicidas)”.
El informe de Arcópoli obvia los numerosos casos de transexuales arrepentidos del cambio de sexoLo que por supuesto obvian en el informe son los numerosos casos de transexuales arrepentidos del cambio de sexo los cuales aseguran que esa cirugía no les convierte en hombres o mujeres, sino que es pura y dura mutilación genital. Tampoco parece interesarles que la mitad de ellos han sufrido alguna vez violencia por parte de su pareja. ¿Por qué en un informe de 52 páginas no lo mencionan ni una sola vez? ¿Quién está mintiendo? Las discriminaciones, coartada para impartir doctrina a los más pequeños. El informe sostiene que en España “los hechos nos revelan que todavía hay muchos casos de discriminación y se hace necesaria la formación de los niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas de la sociedad del futuro, en los valores constitucionales de convivencia, respeto e igualdad hacia todas las personas, incluidas las del colectivo LGTBI”. Aunque no aporta cifra de esos casos, sí entiende que es muy necesaria la formación de los niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas. La batalla de los cuentos infantiles. Para Arcópoli no está bien que los estudiantes lean libros como Fray Perico y su borrico siempre y cuando no lo acompañen de otros “para educar en la diversidad” y transmitir “que existen niños con diversidad afectivo sexual” y que “existen familias homoparentales”. Por ello el informe reivindica cuentos que no sólo reflejen la realidad de padre, madre e hijos. Sin embargo, omiten informes científicos acerca de los riesgos afectivos y psíquicos de tener dos papás o dos mamás, y no un padre varón y una madre hembra, que es a lo que tiene derecho todo niño. Y omiten otros informes sobre los riesgos que los postulados de género y la transexualidad tienen para los menores, como ha detallado el Colegio Americano de Pediatras Hacer creer a padres y educadores que la la suplantación del sexo biológico mediante cirugías y productos químicos es algo normal y saludable es abuso infantil.
Pocos ejemplos de igualdad son menos oportunos que el de la Ley de Violencia de Género, que criminaliza al varón por el mero hecho de serloPone de ejemplo la ley de violencia de género: adiós a la presunción de inocencia. Además de sostener que la LGTBIfobia está instaurada en la sociedad española desde hace siglos (¿que datos o estadísticas aporta?) Arcópoli pone de ejemplo de lucha por la “igualdad real y efectiva” la Ley contra la violencia de Género aprobada en 2004. Explica que era necesaria esa ley para proteger a las mujeres ante esta situación. Sin embargo, pocos ejemplos de igualdad hay menos oportunos: porque la de violencia de género es una ley que ha generado más desigualdad, al criminalizar al varón por el mero hecho de serlo. El problema es que en esa ley, recordemos, ya no existe la presunción de inocencia. El varón es culpable. Por la misma regla de tres, con la ley Cifuentes, el hetero es culpable y todo el que sea como ‘homófobo’ será arrestado de forma preventiva, tal y como sucede con la citada ley. Recuérdese que, en este contexto de desprecio a la presunción de inocencia, la alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández llegó a calificar de homófobo al varón "blanco, delgado y católico". Nada menos.
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