VATICANO, 01 Jun. 20 (ACI Prensa).-
El Papa Francisco aprobó un Motu Proprio sobre la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, con fecha del 19 de mayo.
La finalidad de las normas promulgadas por el Motu Proprio es dotar a las autoridades vaticanas de nuevos instrumentos para prevenir malas prácticas económicas mediante la consolidación de la transparencia, el control y la competencia en los procesos de adjudicación de contratos públicos.
Entre las principales medidas novedosas se encuentra el establecimiento de un Albo (registro de operadores de economía) único informatizado para poder desarrollar actividades económicas.
También establece una serie de circunstancias que justifican que un operador económico quede excluido del Albo. De hecho, para poder participar en el Albo, hay que reunir una serie de requisitos de honorabilidad.
Asimismo, se especifica que “todos los bienes y servicios” deberán adquirirse de modo centralizado. La autoridad centralizada en ese ámbito será la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (para todo lo relativo a los Dicasterios de la Curia Romana y de las Instituciones administrativas de la Santa Sede), y el Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Además, la Secretaría para la Economía instituirá un elenco de dependientes y profesionales que puedan desempeñar funciones de peritaje y judiciales, siempre que cumplan una serie de requisitos y que carezcan de determinadas incompatibilidades.
Además, el Motu Proprio incluye una Ley de Tutela Jurisdiccional en Materia de Transparencia, Control y Competencia de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Este Motu Proprio sale a la luz después de cuatro años de trabajo coordinado por diferentes organismos vaticanos, entre ellos, el Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica y el Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Está compuesto de 86 artículos junto con otros 12 específicos sobre los procesos judiciales en casos de contenciosos.
Con este documento pontificio continúan las reformas de las estructuras económicas de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano; y se suma al Estatuto del Consejo para la Economía y de la Secretaría para la Economía, junto con la Ley sobre el gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Con estas nuevas normas, el Estado de la Ciudad del Vaticano da respuesta a sus obligaciones internacionales en el ámbito de la transparencia y la prevención de delitos económicos y establece una legislación en consonancia con los principios establecidos por las Naciones Unidas para perseguir la corrupción y la criminalidad.
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