En mayo pasado Irlanda derogó en un referéndum la Octava Enmienda que protegía el derecho a la vida de la madre y del niño por nacer.
Desde entonces, miembros del Gobierno están impulsando una legislación para modificar las normas que permitan el aborto hasta las 12 semanas de gestación, e incluso llegando hasta las 24 semanas en algunos casos. Además, obligaría a pagar abortos con los impuestos, así como a los hospitales católicos a realizar esta práctica.
Como indica el Catholic Herald, el Código de Normas Éticas para la Salud, que se extiende a 20 hospitales católicos, fue entregado al Gobierno irlandés a principios de julio durante su reunión con representantes de los obispos.
Recientemente, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, aseguró que los hospitales católicos del país deberán realizar abortos después de que entre en vigencia la nueva legislación.
Informó a la Cámara Baja del Parlamento que doctores, enfermeras o parteras podrían optar por no realizar procedimientos por motivos de conciencia, pero que esta opción no se extenderá a los hospitales financiados con fondos públicos, entre los cuales hay centros católicos.
Angelo Bottone del instituto provida Iona escribió que si las instituciones no obtuvieron los derechos de objeción de conciencia, un hospital católico puede “rechazar fondos públicos y reducir sus actividades, o cerrar su departamento de maternidad y continuar ofreciendo sus servicios en otras áreas”
“Su filosofía no se verá comprometida, pero nadie ganará a partir de esta situación. De hecho, ¿qué interés tiene el Estado en ver interrumpido un servicio que ha demostrado ser útil, si no esencial, para una comunidad?”, sostuvo.
Publicar un comentario