Por Luis Antonio Hernández,el autor es director de Voto Católico
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El cómputo final de los resultados de las elecciones del 1° de julio arroja una contundente mayoría a favor de la coalición encabezada por MORENA, quien además de obtener el 53.1 % de la votación total para la Presidencia de la República, logró convertirse en la fracción mayoritaria en las cámaras de diputados y senadores al ganar 218 de las 300 diputaciones federales de elección directa que se disputaron, así como 54 escaños para el Senado de la República.
Asimismo, se adjudicó 5 de las 9 gubernaturas disputadas y el triunfo en 19 de los 26 congresos locales que de manera concurrente se eligieron, con lo que de manera inusitada el impacto de la transición también tocará a la puerta de los ejecutivos locales.
Este balance terminará por encender las alarmas que, inmediatamente después de que se dieran a conocer las primeras tendencias de los comicios del pasado domingo, empezaron a activarse.
Para un importante segmento de la sociedad mexicana, el cambio político por el que se inclinó la mayoría de los votantes representa una amenaza latente para los valores esenciales de nuestra fe, como: el respeto a la vida, dignidad humana, familia, educación y la libertad religiosa.
La abrumadora representación que el virtual ganador de la elección presidencial y su partido obtuvieron en las urnas, hace suponer la posibilidad de que tomen el control sobre algunos aspectos administrativos, normativos y legislativos relacionados con estos temas.
Sin embargo, es importante considerar que, de acuerdo con las proyecciones para la integración del nuevo Congreso de la Unión, el número de legisladores federales que tendrán Morena, PT y Encuentro Social -68 de 128 senadores y aproximadamente 307 de los 500 diputados federales- les permitirá hacer por sí mismos modificaciones en leyes, pero no les será suficiente para reformar la Constitución.
Esta circunstancia abre una ventana de oportunidad para los ciudadanos de buena voluntad y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de los valores fundamentales y el desarrollo integral de la persona humana.
Mas allá de fomentar visiones catastróficas y descalificaciones a priori a los gobernantes y legisladores electos, debemos aprovechar esta reformulación del estado mexicano para preservar los significativos avances jurídicos y políticos que durante los últimos diez años hemos alcanzado en estos rubros, y enfocar nuestros esfuerzos en la construcción de una cultura humanista capaz de permear a los diferentes actores sociales y grupos poblacionales, particularmente a los más jóvenes, que haga posible incorporar dentro de la nueva institucionalidad aspectos tan trascendentes como el derecho a la vida, el fortalecimiento de la familia y la libertad religiosa.
Esta posibilidad, no obstante, corre el riesgo de venirse abajo si no logramos pronto caminar la senda del perdón, dejar atrás la división y confrontación propias de la contienda política, incluso entre nosotros mismos, y damos el paso definitivo hacia la reconciliación y la acción positiva, dos factores vitales para enfrentar en unidad todo lo que se interponga en el camino hacia el bien común. Depende de nosotros.
Publicado en la edición impresa de El Observador del 15 de julio de 2018 No.1201
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