Santiago (Chile) (AICA): El presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Héctor Vargas, presentó en rueda de prensa un documento en el que la Iglesia hace consideraciones sobre la “necesaria” reforma educativa que proponen las autoridades del país trasandino. El prelado dijo que la Iglesia ve con esperanza la iniciativa y se manifestó a favor de colaborar para que pueda concretarse, pero señaló algunos puntos que generan preocupación. “Las propuestas aparecen orientadas fundamentalmente a decisiones de tipo económico, gestión administrativa y modelos de dependencia, más que a la calidad educativa y pedagógica que tanto demanda la sociedad”, advierten en el documento.
El prelado dijo que la Iglesia ve con esperanza la iniciativa y se manifestó a favor de colaborar para que pueda concretarse, pero señaló algunos puntos que generan preocupación.
“Las propuestas aparecen orientadas fundamentalmente a decisiones de tipo económico, gestión administrativa y modelos de dependencia, más que a la calidad educativa y pedagógica que tanto demanda la sociedad”, advierten en el documento.
Los obispos chilenos señalan que “esta reforma, si quiere constituir un cambio paradigmático, nos preocupa que esté inspirada en los valores esenciales de la naturaleza y del hecho educativo”.
“Es por ello que quisiéramos ver presentes en ella principios que son fundamentales para una auténtica educación y por ello imprescindibles para la Iglesia, como la educación integral, un modelo antropológico que ponga a la persona de los alumnos en el centro, una comunidad educativa corresponsable y comprometida con el proyecto elegido, un ambiente educativo y de convivencia basado en la confianza en los educadores y en las muchas posibilidades de los jóvenes, y en el compromiso personal hecho de esfuerzo, responsabilidad y sacrificio. Estos son elementos claves para las bases de una educación de calidad que deseamos ver reafirmados en esta reforma”, agrega.
Precisaron que “lo que se ha presentado en el mensaje del proyecto de ley que elimina el lucro y establece la gratuidad y la no selección es solo un fragmento de la reforma global que se requiere. Por ello, debe ser analizado en relación a los criterios aquí señalados. Compartimos como Iglesia todos aquellos aspectos del proyecto que fortalecen dichos criterios y solicitaremos se modifique la que los debilita”.
Entre las preocupaciones que manifiestan los obispos están que “el proceso de selección de alumnos debe garantizar el derecho de los padres a su libre elección, ser objetivo y transparente, y asegurar que en un momento del proceso, los padres deban conocer cabalmente el Proyecto Educativo en el que desea se forme sus hijos”.
Otro punto es la situación de colegios “que por años han prestado el valioso servicio público a la educación, algunos tradicionales y emblemáticos, que por estar en los tramos más altos, con motivo del traspaso de financiamiento compartido a gratuidad, corren el riesgo de verse en la obligación de cerrar por insolvencia económica”.
Los obispos consideran que “el proyecto de ley afecta, en sus exigencias y consecuencias, prácticamente solo a la educación particular subvencionada. Nos extraña la ausencia de políticas públicas hacia la educación municipal, sobre la cual todos concuerdan en la urgencia de su rescate y fortalecimiento”.
Otra de las preocupaciones es que “no queda claro el tratamiento de compra, comodato y convenio de los inmuebles que por magnitud y costo, requiere de una gran reflexión tranquila y responsable. En especial cuando esto involucra una gran cantidad de recursos, mientras existen necesidades esenciales para la calidad de la educación, como para el fortalecimiento de la profesión e implementación de la carrera docente”.
Por último, los obispos chilenos confían en que “estos temas y otros puedan perfeccionarse. Es muy importante que de todo el proyecto, más allá de los principios, se desprenda, con las necesarias regulaciones por parte del Estado, un claro fortalecimiento de los espacios de autonomía curricular, gestión administrativa y económica, para la concreción de los proyectos educativos, que son riqueza y expresión de una sociedad plural y democrática”.+
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