La concejala socialista de inclusión y políticas sociales del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), Ana Lorenzo, ha dimitido este jueves tras ser sorprendida revelando datos de casas para que sean ocupadas de forma ilegal.
La edil del PSOE ha presentado su dimisión y posteriormente ha ofrecido una conferencia de prensa en la que ha señalado que "no hace falta explicar la causa, es más que conocida" y que se marcha "con la cabeza muy alta". "Cuando un servidor público se equivoca, debe dimitir. Yo me he equivocado. Lo he reconocido desde el primer momento y creo que no debo continuar en el Ayuntamiento".
Desde el momento en el que se hizo pública la grabación que demostraba su mal proceder, Lorenzo ha asegurado que comunicó a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, su intención de abandonar su cargo. "Ella me dejó claro que no me iba a cesar bajo ningún concepto".
Tras adoptar este decisión, la concejal de políticas sociales edil ha agradecido los "numerosos apoyos" que ha recibido. "Me voy con la cabeza muy alta porque no me he llevado nada de nadie. Solo intenté ayudar a una familia con tres menores, aunque eso no justifica mi metedura de pata".
"Se me rompía el corazón de pensar que esos menores durmieran en la calle, pero no lo he hecho nunca, solo con esta familia", reconoce la edil
Lorenzo ha reconocido que si actuó así fue porque no podía consentir que los hijos de la pareja que estaba a punto de ser desahuciada, durmieran en la calle. "Se me rompía el corazón de pensar que esos menores durmieran en la calle. Fue un exceso de confianza. No lo he hecho nunca jamás, solo con esta familia".
Asimismo la concejal ha defendido su proceder. "Pienso que no puede haber tantas viviendas vacías de entidades bancarias y tantísimas familias en la calle. Por tanto voy a seguir con la cabeza muy alta porque ya lo he dicho: no me he llevado nada de nadie y voy a dormir muy tranquila".
Hay que recordar que HazteOir.org lanzó una petición ciudadana para pedir la dimisión de la concejala en la que además se reclamaba a la Agencia de Protección de Datos que inicie una investigación dado que la concejala revela información que debería preservar. La asociación ha logrado reunir más de 4.000 firmas.
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