
Arsuaga: "¿Lo que le molesta al Gobierno es que denunciemos que los activistas de algunas asociaciones LGTBI se están introduciendo en las aulas para adoctrinar a nuestros hijos ?"“Esto significa que ninguna asociación declarada de utilidad pública podrá molestar a nadie con sus actuaciones o ya se sabe cuáles son las consecuencias”, insiste el presidente de HazteOir.org. “¿Lo que le molesta al Gobierno es que denunciemos que los activistas de algunas asociaciones LGTBI se están introduciendo en las aulas para adoctrinar a nuestros hijos al amparo de las leyes que los políticos han aprobado?”, se pregunta Ignacio Arsuaga. “No le gusta que nuestra asociación tenga casi un millón de miembros y colaboradores y no reciba ni un euro de fondo públicos, porque la mantenemos los ciudadanos con nuestras aportaciones voluntarias. No nos van a callar con amenazas ni con presiones”, añade.
Revocación cautelar
“El recurso solicita además la suspensión cautelar de la ejecución de la resolución dado que, al perder la condición de Utilidad Pública, los socios y colaboradores de HO perdemos el beneficio fiscal del que disfrutábamos al realizar aportaciones a la asociación. Esta circunstancia, con toda probabilidad, incidirá en una disminución del número de socios y donantes”, explica Arsuaga. La demanda denuncia también que “la revocación tiene fundamentos políticos más que administrativos dado que en la resolución se reconoce “la importancia que tuvo para iniciarse el expediente el acuerdo adoptado por los diferentes partidos del Congreso de los Diputados”.Presunto delito de prevaricación
Por otra parte, en el recurso se señala que el hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmara personalmente la resolución contra HazteOir.org convierte automáticamente en nula la decisión gubernamental dado que esta actuación (conocida como ‘avocación) se llevó a si aportar ninguna motivación. Según establece la ley, para llevar la avocación a cabo, debe notificarse a los interesados mediante “acuerdo motivado”. El texto elaborado por los abogados de la asociación se refiere a este hecho como “presunto delito de prevaricación”. “Creo que la decisión del Gobierno de Sánchez podría calificarse con un comportamiento constitutivo de un delito de odio, ya que se utiliza políticamente la administración del Estado para perseguir y acallar a los que el gobierno considera disidentes, promoviendo su exclusión social”, insiste Arsuaga.Procedimiento de revocación de la Utilidad Pública
El pasado 23 de agosto el Ministerio de Interior acordó incoar procedimiento de revocación de la declaración de Utilidad Pública de HazteOir.org por unos determinados mensajes que catalogaron como “ofensivas hacia determinadas personas o colectivos”. Concretamente, el ejecutivo socialista se refería a la campaña desarrollada por la asociación mediante un autobús (y posteriormente mediante una avioneta) con el lema ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”. Pese a las alegaciones presentadas en el mes de septiembre de 2018 y en noviembre del mismo año, el pasado 4 de enero el Ministerio del Interior notificó a HazteOir.org la propuesta de resolución que implicaba la revocación de utilidad pública. Finalmente, el 4 de febrero de este año, tras unas ulteriores alegaciones que fueron rechazadas, se dictó resolución, que fue notificada el día siguiente y publicada en el BOE el pasado 22 de marzo.Tambien te puede interesar:
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