, 02 Dic. 19 (ACI Prensa).- El 1 de diciembre, se llevó a cabo la marcha “A la Vida digo Sí” en San José, capital de Costa Rica, donde miles de personas salieron a pedir al presidente Carlos Alvarado que no firme la norma técnica que legalizaría el aborto impune en el país, sino que abra una mesa de diálogo respecto al tema.
El representante del movimiento Despierta Costa Rica (DCR), uno de los grupos que integra el Frente Nacional por la Vida, Mariano Murillo Cedeño, comentó a ACI Prensa que esta marcha se realizó gracias a “la unión de los grupos civiles, las iglesias y los diputados o políticos, todos juntos para la defensa de la vida en todas sus etapas”.
“Se llenaron al menos 10 cuadras llenas de personas marchando, estamos hablando de más de un kilómetro” resaltó.
En la marcha se contó con Karla Chaves, representante de Médicos por la Vida, la diputada Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Elsa Naranjo de 50 días por la vida, Gerald Bogantes de Juristas por la Vida, el P. Ronny Solano y la pastora Cynthia Bermúdez de la Iglesia Vida Abundante.
Mariano comentó que el objetivo de la marcha fue “solicitar al Gobierno abrir una mesa de diálogo para tener voz y voto en todo lo concerniente a la Norma técnica”, debido a que hasta la fecha “se ha manejado con mucho secretismo, no se tiene acceso a los expedientes médicos de las mujeres que supuestamente fueron violentadas al negarles el aborto, ni tampoco el acuerdo que se llegó entre el país y la Comisión Interamericana Derechos Humanos”.
“El reglamento no ha sido expuesto al público y diferentes autoridades del gobierno han dicho que se debería de abrir para permitir abortos en casos sociales o psicológicos”, agregó.
Por medio de un manifiesto leído al iniciar la jornada, el Frente Nacional por la Vida resaltó el deber del presidente de respetar la Constitución y las leyes, especialmente aquellas que protegen a los niños no nacidos.
Además, indicaron que el Poder Ejecutivo “no tiene la potestad de normar o regular el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas. La regulación del ejercicio de los derechos fundamentales es una materia reservada” al Poder Legislativo.
“Costa Rica ha sido mundialmente reconocida por su paz social, fundamentada principalmente en la ayuda solidaria al que más lo necesita y la defensa del más vulnerable”, señalaron. “Los esfuerzos del Poder Ejecutivo deben centrarse en impulsar políticas públicas en favor de la vida del no nacido y la protección de la madre en estado de vulnerabilidad, en lugar de indicarle a la mujer que la única opción que le otorga el Estado es la destrucción del bebé que lleve en su vientre”, agregaron.
Finalmente, enfatizaron que la norma técnica “no sólo es innecesaria, sino que su emisión sería completamente inconstitucional, vulneraría los tratados internacionales de Derechos Humanos”.
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