EL OBSERVADOR LATINOAMERICANO |
“Un instrumento de defensa hacia el derecho humano de alimentación en el marco legal”. Así denominó el director de la Pastoral Social- Cáritas de Costa Rica, el padre Edwin Aguiluz Milla, a la Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, promovida en 2016.
“El 6,3 % de la población en Costa Rica -343 mil 357 personas-, se encuentran en pobreza extrema, es decir, una familia no puede comprar una canasta básica, lo que se traduce a que no comen lo suficiente y esto es una violación a su derecho a la alimentación”, señaló el presbítero.
El proyecto impulsado por un grupo de diputados tiene como objetivo crear condiciones legales que garanticen el derecho humano a la alimentación y reducción de la vulnerabilidad alimentaria. Por ello, y ante la riesgosa situación de la falta de alimentos en el país, la Iglesia Católica miró con aprobación la medida.
Aunque aún tiene algunas debilidades (la Ley) en cuestión de operatividad, indicó Aguiluz, es “ahora o nunca” que se deben impulsar las propuestas que garanticen alimento al pueblo de Costa Rica, porque si “cambia el escenario político, podría ser menos plural, y con una tendencia a la derechización, por lo tanto, estos temas desaparecerán”.
Cabe señalar que la Conferencia Episcopal de Costa Rica, a través de la Pastoral Social, participó en el criterio sobre el proyecto y emitió su juicio con respecto a éste. A través de un documento, exponen su postura en tres secciones: en la primera señalan la necesidad de una ley marco en materia de seguridad alimentaria y nutricional; en el segundo, señalan la conformidad con aspecto principales de la ley y por último, emiten recomendaciones para mejorar el proyecto.
Con información de Cáritas Costa Rica
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