Alfredo Tralcal junto a Pablo, Ariel y Benito Trangol se encuentran en prisión preventiva desde el 9 de junio de 2016 en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco por la quema del templo evangélico de Padre Las Casas, el 9 de junio de 2016.
Los cuatro mapuches mantienen una huelga de hambre desde el 7 de junio de este año. El 26 de septiembre otros nueve mapuches detenidos se sumaron a la medida.
Asimismo, simpatizantes de los comuneros mapuches tomaron la Catedral de Concepción y unos manifestantes irrumpieron con violencia en la Catedral de Temuco y golpearon al sacristán, como medidas de presión para que se agilice el proceso judicial de los mapuches y no sean procesados bajo la llamada “ley antiterrorista”.
“Hacemos un llamado a los huelguistas a deponer su actitud y a todos quienes tienen alguna responsabilidad y participación en esta delicada situación a implementar los mecanismos y soluciones adecuadas que permitan resguardar la vida de estas personas, buscando siempre conseguir la verdad y la justicia a través de un debido proceso judicial”, declaró el Comité de la CECH el 28 de septiembre.
“El don de la vida es el más preciado de todos en los seres humanos. Es el derecho fundamental que siempre y bajo toda circunstancia se ha de cautelar y proteger”, y “poner en riesgo la propia vida constituye una presión indebida sobre los órganos del Estado llamados a ejercer la justicia en el país”.
Los obispos manifestaron su preocupación por el deterioro de la salud de los huelguistas, por la “angustia de sus familias y de las comunidades a las que pertenecen, así como la violencia que se continúa generando en la Araucanía”.
Desde el sur de Chile, el Arzobispo de Concepción, Mons. Fernando Chomali, manifestó su preocupación por la salud de los comuneros mapuches y nuevamente pidió a los jóvenes que mantienen la toma en la Catedral de Concepción desde el desde el 7 de septiembre, que abandonen el lugar.
“Nos duele mucho porque ha impedido que los católicos puedan celebrar su fe. El templo es la casa de Dios y lugar de encuentro y oración”. Continuar con “nuestra vida pastoral es un derecho”, expresó mediante un comunicado.
El Prelado afirmó que privilegiará el “camino del diálogo”, “de la razón y de los acuerdos”, ya que “desalojar a los ocupantes por medio de la fuerza pública” es un “dilema ético muy serio dado que implica responder con violencia a un acto de violencia”.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 28 de septiembre de 2017
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