Al hablar en la tribuna del Congreso de la Unión, con la banda tricolor al pecho, el futuro presidente López Obrador no hará un discurso inaugural, sino que prácticamente rendirá su primer informe de gobierno, de los 5 meses transcurridos.
Cuando asuma oficialmente el cargo que ya ocupa no habrá sorpresas, pues buena parte de las reformas legislativas que habrán de hacerse por las decisiones previamente anunciadas, ya estarán en curso; el gabinete que lo acompañará estará ya en pleno ejercicio; y, con toda seguridad, el presupuesto del 2019 estará prácticamente diseñado. Ya llegó al poder, pero ahora se debe comenzar a gobernar.
En este contexto, es probable que esté presente el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, trayendo a cuestas su crisis, la cual detonó inicialmente por la corrupción, y la reforma al sistema de pensiones nicaragüense. Es obligado vernos en ese espejo.
Con el envejecimiento de la población, se ha generado un nuevo orden demográfico. El hecho de que haya más adultos mayores, no es un problema en sí, por el contrario, es un gran logro de la humanidad, es el reflejo de los avances médicos, tecnológicos y de salubridad, pero el gran reto es formular estrategias que permitan reconocer a los adultos mayores como sujetos de pleno derecho y de su desarrollo.
Uno de esos retos que debe asumir el nuevo gobierno, es proteger a las personas durante su vejez, a través de una pensión que le permita vivir con dignidad en esa etapa de su vida. El problema es que el actual sistema de pensiones en México, se encuentra disperso en diversos esquemas que ofrecen beneficios pensionarios con montos y beneficios muy desproporcionados entre sí.
Nuestro sistema de pensiones mexicano ha sido evaluado por diversos organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, desde diversas perspectivas y los resultados son alarmantes, especialmente para los trabajadores de la generación Afore, trabajadores que sólo podrán pensionarse con el sistema de la Ley del Seguro Social de 1997.
Un porcentaje elevado de la población que sí cuenta con una Afore, no tendrá derecho a pensión a la edad de retiro al no reunir las semanas de cotización requeridas, sólo 23.9% tendrán acceso a una pensión. Para aquellos que sí alcanzan derecho a pensión, la mayoría obtendría sólo la Pensión Garantizada y sólo 30% lograría un monto de pensión mayor. El resultado será de ancianos en pobreza.
En materia de pensiones, la doctrina social de la iglesia, no da propuestas técnicas; en el debate, la Iglesia Católica, propone valores éticos que las propuestas técnicas deben tomar en cuenta. Son los valores fundamentales que brotan del Evangelio, para que las pensiones sean expresión de la dignidad humana, ya que el principal eje, deben ser las personas, no los sistemas económicos o ideológicos.
Es urgente un diálogo entre el nuevo gobierno, organismos profesionales y empresariales, junto con otros sectores de la sociedad, para definir propuestas y para fortalecer el actual sistema de pensiones, para evitar un problema social, que siga corroyendo el tejido social.
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