, 06 Sep. 21 (ACI Prensa).- Jesús Magaña, presidente de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida, denunció la “obsesión” de los promotores de la cultura de la muerte por imponer la eutanasia en Colombia, a través de sentencias de la Corte Constitucional.
En un artículo enviado a ACI Prensa, Magaña explicó que en el Congreso de la República más de 14 iniciativas para legalizar la eutanasia “han sido negadas, derrotadas, hundidas”, lo que muestra la “voluntad firme del legislativo de proteger y cumplir con lo que manda la Constitución que en su artículo 11 afirma que la vida humana en Colombia es inviolable y que no habrá pena de muerte”.
Ante esto, “los promotores de la cultura de la muerte han buscado otra vía para imponer la eutanasia, al igual que el aborto, a través de la Corte Constitucional que paradójicamente en lugar de cumplir con su función esencial de defender la Constitución, la ha venido violando consistentemente para imponer sus criterios ideológicos traicionando la voluntad popular”.
Magaña indicó que en 1997, “abusando de su autoridad y cambiando la Constitución a través de una ‘paralegislación’ que busca imponer una ideología contraria a la cultura del pueblo colombiano, se despenalizó la eutanasia con la sentencia C239 de 1997”.
La sentencia abrió las puertas a la eutanasia para los enfermos terminales que quisieran someterse a esta práctica.
El líder de Unidos por la Vida precisó que desde entonces ha ido en aumento la “paralegislación” con sentencias que buscan “la autojustificación, citándose unas a otras para crear un hecho jurídico sin fundamento constitucional ni legal, pues ni la Corte (Constitucional) ni sus magistrados pueden crear derechos, y mucho menos legislación a través de sentencias que no surgen del poder legislativo”.
“Estas sentencias nos están llevando de manera acelerada a la tiranía de los jueces, que imponen su voluntad a la nación, de manera antidemocrática”, lamentó Magaña.
Jesús Magaña precisó que “en este línea de acción, la Corte Constitucional da órdenes al Congreso de qué legislar y cómo hacerlo y si el Congreso se niega, entonces ordenan al Ejecutivo que reglamente sus sentencias, argumentando que ante la negativa del Congreso el Ejecutivo debe cumplir sus órdenes, violando nuevamente el orden jurídico y democrático pues el Ejecutivo solo puede reglamentar leyes de la república, no sentencias de los jueces”.
El presidente de Unidos por la Vida indicó que “en este frenesí de dictar sentencias contra la vida, la Corte ha emitido la última, la C233 de 2021, hace unas semanas, que amplía la eutanasia de enfermos terminales a los crónicos y con enfermedades psicológicas, de tal forma que a la persona deprimida podría aplicársele la eutanasia”.
“Esto está mandando el mensaje al sistema de salud que deben aplicar la lógica utilitarista, es decir es más barato matar que curar y cuidar a los enfermos crónicos o terminales”, agregó.
En ese sentido, continuó, el Ministerio de Salud dirigido por el ministro Fernando Ruiz Gómez, “aprovechando estas sentencias y con el pretexto de dar cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional (lo que es ilegal como hemos comentado) ha emitido la resolución 971 de 2021”.
Esta resolución “profundiza aún más las anteriores reglamentaciones para aplicar la eutanasia en el país, negando prácticamente la objeción de conciencia en el sistema de salud para obligarlo a aplicar el procedimiento”, señaló.
El jueves 22 de julio de 2021 la Corte Constitucional emitió la sentencia C-233/21, que fue aprobada por seis votos contra tres, ampliando el acceso a la eutanasia a pacientes que padezcan sufrimiento intenso a causa de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable.
Con esa decisión, ya no se requiere ser paciente terminal para solicitar esta práctica, como lo disponía la sentencia de 1997 del mismo tribunal.
En 2015 el Ministerio de Salud emitió algunas disposiciones para la aplicación de la sentencia de 1997; y el 1 de julio de este 2021 ese despacho emitió la resolución 971, donde se explican y actualizan los procedimientos para ejercer el “derecho a morir con dignidad” a través de la eutanasia.
Magaña explicó que ante esta disposición, “el rechazo de la sociedad civil ha sido vigoroso, junto a la firme respuesta de la bancada provida que ha demandado la resolución 971 ante el Consejo de Estado”.
“Además esta bancada ha realizado también un brillante debate de control político en el Congreso de la República al ministro de Salud el pasado 2 de septiembre, exigiendo sea retirada la resolución 971 con argumentos sólidos y contundentes que el ministro no ha podido responder con suficiencia”, refirió.
Jesús Magaña resaltó que “existe pues la clara posibilidad que esta resolución sea retirada, pues ante el sufrimiento y dolor de los enfermos, pacientes terminales o crónicos, existe la respuesta clara en el país a través de la ley de cuidados paliativos (ley 1733 de 2014) que prevé la atención a estas personas con la filosofía de curar cuando sea posible pero cuidar siempre”.
“La batalla continúa y estas acciones del Ministerio y la Corte Constitucional seguirán siendo enfrentadas con un trabajo serio y valiente por numerosas organizaciones ciudadanas y médicas, aunadas a la bancada provida por la defensa de la dignidad y la vida de cada ser humano en Colombia”, concluyó.
El 26 de julio de 2021, los obispos de Colombia señalaron en un comunicado que “la práctica de la eutanasia constituye una seria ofensa a la dignidad de la persona humana y fomenta la corrosión de valores fundamentales del orden social”.
Los obispos indicaron que al ampliar “el rango de poblaciones o de casos en que podría ser solicitada la eutanasia, tal y como lo hace la actual providencia de la Corte, o extenderla hacia otras modalidades, lejos de promover un supuesto derecho, constituiría un serio peligro para los más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad”.
Sobre ellos, alertaron los prelados, “pendería el peso de la posible supresión de sus vidas, dando lugar a un serio condicionamiento para el ejercicio de las libertades”.
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