, 14 Sep. 21 (ACI Prensa).- 75 organizaciones provida y a favor de la familia solicitaron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que rechace el proyecto de reforma constitucional impulsado por su vicepresidente, Félix Ulloa, que abriría las puertas al aborto, la eutanasia, la agenda gay y amenazaría la libertad religiosa en el país.
En una petición entregada el 13 de septiembre, las organizaciones explicaron que la reforma que impulsa el vicepresidente y el equipo ad hoc designado para la misma, contiene propuestas que son “atentatorias contra el derecho a la vida, la familia y la libertad, por cuanto imponen una agenda ideológica contraria a los valores y la identidad cultural de los salvadoreños”.
Las organizaciones explicaron que la reforma “se contrapone en todo su contexto a la Constitución de la República, tratados internacionales, y demás leyes del país”.
Asimismo precisaron que la reforma “no responde a la voluntad soberana de la mayoría del pueblo salvadoreño”.
Las organizaciones señalan que la reforma “abre la puerta al aborto por demanda” ya que “en el artículo 1 se usa el término exclusivo y selectivo ‘en general’ al referirse al reconocimiento del ser humano por nacer como persona, lo cual contradice el texto a continuación que es redundante e innecesario, que dice ‘se reconoce a su vez el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante’ (término ideológico usado para madre), puesto que la redacción actual de la Constitución ya incluye estos derechos al reconocer ‘como persona humana a todo ser humano desde el instante mismo de la concepción’”.
Esto además “es contradictorio al agregar que ‘en caso de colisión de derechos la ley establecerá lo pertinente’. Es decir que, aunque el derecho a la vida de todos los salvadoreños nacidos y por nacer estén protegidos en la Constitución, pretenden que una ley secundaria, e incluso un reglamento, decidan si se mata al bebé que está por nacer”.
“Esto evidentemente abre la puerta para legalizar el aborto con pretextos tales como la salud mental de la madre o malformación del bebé, entre otros”, agregan.
El texto precisa también que la “supuesta ‘colisión de derechos’ a la vida no existe”.
Sin embargo, señalan, “cuando hay un embarazo de alto riesgo, actualmente el Código Penal en el artículo 27, que regula los excluyentes de responsabilidad penal, incluye en los numerales 3 y 6 de dicho artículo el principio de doble efecto, permitiendo a los médicos intervenir con el objetivo de salvar la vida de ambos pacientes, como debe ser y no de elegir una vida sobre la otra. Si uno de los dos fallece, el médico no comete delito”.
Las organizaciones explican que la reforma “abre la puerta a una colonización ideológica” ya que “en el artículo 3 se incluye la prohibición de ‘no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género’, dando reconocimiento constitucional a términos ideológicos peligrosos, que constituyen medios de adoctrinamiento en los menores, a pesar de no tener dichos términos ninguna base científica”.
Asimismo, destacan que la reforma “abre la puerta a la eutanasia” porque “en el artículo 65 se propone un supuesto derecho a la ‘muerte digna previamente consentida’, término usado mundialmente para referirse a la eutanasia, aun cuando se obvia su expresa denominación e identificación. A toda luz se trata de tal referencia”.
Las organizaciones advierten que la reforma “redefine el matrimonio y reinventa la familia” puesto que “en el artículo 32 se señala que cualquier vínculo jurídico será considerado una familia y en el artículo 33 se hace referencia a ‘diversos tipos de conformación familiar’”.
“Esto promueve el reconocimiento legal de uniones (LGBTI) lésbico-homosexuales, bisexuales, transexuales, poligámicas, incestuosas, etc.”, así como la adopción por parte de “estos grupos, lo cual constituye una gravísima violación a los derechos de los niños”.
La reforma también “viola el derecho a la libertad religiosa: En el artículo 26 se propone crear una ley secundaria para regular el reconocimiento jurídico de las religiones”.
“En nuestro país la libertad de culto no es negociable y debe mantenerse de la forma en que lo regula la Constitución actual. De ninguna manera esto puede ser objeto de regulación por una ley secundaria, sino mantener su rango Constitucional”, precisan las organizaciones.
Las organizaciones indican que la reforma “viola el derecho de los padres de familia”, considerando que “en el artículo 57 se propone que la educación en los centros educativos oficiales deberá ser exclusivamente laica, atentando así contra el derecho de los padres como primeros, principales e insustituibles educadores de sus hijos a decidir la educación que ellos consideran más apropiada”.
“Asimismo, esto afectará directamente a los Consejos Educativos Católicos o Cristianos Escolares (CECE) que trabajan con ayudas estatales para cubrir áreas marginales y rurales”, prosiguen.
Además, alertan, “añadir el término ‘laica’ en ese párrafo, limita el derecho al libre ejercicio de las religiones, dando lugar a prácticas de rechazo a las expresiones de fe, tal como ha sucedido en otros países con la proliferación de ideologías laicistas”.
Entre las organizaciones firmantes de la petición están la Fundación Sí a la Vida El Salvador, la Fundación Vida SV, la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios, Católicos con Acción, 40 Días por la Vida El Salvador, la Asociación de Bioética de El Salvador, la Red de Mujeres por los Derechos Humanos, la Fundación Heartbeat El Salvador, Médicos por la Vida El Salvador y el Centro de Ayuda para la Mujer.
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