La unidad de España: un bien moral

Aunque para las principales televisiones españolas no merezca el espacio, el tiempo, ni el lugar, ayer comenzó en Madrid el juicio más importante de nuestra historia democrática. Más relevante que el del 11-M o el del 23-F. Pese a ello, la inmensa mayoría de los medios de comunicación nacionales y, en consecuencia, internacionales, ni siquiera consideran llamarlo por su nombre: “Juicio al procés”, en el menos malo de los casos. “Juicio a Catalunya”, en el más grave y peor intencionado. Lo que durante los próximos meses será juzgado en el Tribual Supremo no es una parte de España, como tantos políticos y periodistas –valga la redundancia– repiten con la evidente intención de convertir a quienes fueron representantes del Estado dentro de una de sus regiones en la región misma. Un L'État, c'est moi de quienes evidentemente no son el Estado y, a duras penas, a base de actuar, expresarse y hasta pensar en coro, consiguen ser ningún yo. Tampoco serán juzgadas las ideas de nadie en forma de ningún proceso, por muchos lazos amarillos que Pilar Rahola, Beatriz Talegón o el Pequeño Nicolás se pongan en la solapa. Sus amigos no están ante unos jueces por pensar. Siquiera por no hacerlo. En España nadie es detenido, juzgado y condenado por sus ideas, aunque esta idea no pueda ser expresada en público en algunas zonas de España.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, en la nación española, en todos y cada uno de los ciudadanos con pasaporte de nuestro país

Ni regiones ni ideas. Hechos. Lo que ya se está enjuiciando es una rebelión contra el orden constitucional. En otras palabras, unos actos que pasaron por encima de la ley, de la democracia, y atacaron lo que constituye España como comunidad política. La soberanía nacional reside en el pueblo español, en la nación española, en todos y cada uno de los ciudadanos con pasaporte de nuestro país. Existe porque somos iguales y, precisamente por eso, nos hace iguales ante la ley. Es decir, mejores. A todos.

El domingo en Colón

Fue esa soberana conciencia de igualdad, esa igual conciencia de soberanía, la que nos reunió a cientos de miles de españoles hace tres días alrededor de Colón. Los que de todas partes llegamos al centro de Madrid no lo hicimos movidos por el afán de tener razón –la Verdad es la Verdad, aunque no hubiese acudido nadie a la convocatoria del domingo. Ni siquiera levantamos nuestra bandera por ser la de la tierra de nuestros padres, que no es poco. Ni por el amor legítimo que uno siente por aquello que ha conocido desde la cuna. Ni por los Reyes Católicos. Ni por Cervantes. Ni por Velázquez. Ni por Nadal. [caption id="attachment_109151" align="alignnone" width="800"] Pancarta en la manifestación convocada por Ciudadanos, Partido Popular y Vox en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones el 10 de febrero de 2019/ EFE[/caption] A Colón nos llevó la milenaria voluntad de ser y estar juntos, de ser y estar libres, de ser y estar iguales, por la que tantos dieron y dan su vida y que, históricamente, sin sentimentalismos, a los españoles nos da por defender cuando alguien pretende decidir por nosotros. Aunque en ocasiones podamos tardar en reaccionar, nunca nos ha gustado que venga nadie, de fuera o de dentro, a pensar nuestro futuro y pisar nuestro presente. Ni Tariq. Ni Stalin. Ni un doctor que está de presidente para ser inquilino y pasajero. Ni un payés con ínfulas de Napoleón.

Un bien moral

Para la defensa de esa voluntad de libertad e igualdad llamada España, como “forma histórica, concreta, en la que se configura la comunidad política que asegura a los que formamos parte de ella bienes fundamentales y esenciales”, en palabras del cardenal Rouco Varela, la tradición cristiana y la unidad política han representado dos caras de una misma cosa. Sin la conjunción de ambas, resulta imposible entender el III Concilio de Toledo, la Reconquista, el Descubrimiento de América o Lepanto. Es decir, España. Es decir, Occidente.

El juicio que comenzó ayer al golpe de Estado que se materializó en los meses finales de 2017 es la expresión definitiva de la defensa de la legalidad

Más allá de la historia, hoy “poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las consecuencias que esta acción podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable”, como sostiene el cardenal Cañizares. En ese sentido, precisamente porque no se trata de la defensa de ninguna herencia –que también–, de ningún sentimiento –que también–, el antes mencionado arzobispo emérito de Madrid afirma que “el mantenimiento del orden constitucional garantiza el bien común, y guardar el bien común es un deber moral para los ciudadanos”. El juicio que comenzó ayer al golpe de Estado que se materializó en los meses finales de 2017 es la expresión definitiva de la defensa de la legalidad que recoge y defiende nuestra libertad e igualdad, nacida de la voluntad, de los acuerdos y las renuncias de la nación. Es decir, del diálogo al que tanto apelan los golpistas y sus socios del Gobierno. Diálogo en las Cortes, entre los representantes de todos, elegidos por todos. Diálogo que ya ocurrió. Sin relatores.

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