Tras siete meses, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está rebasado por la violencia, encamina al país a un crecimiento mínimo para este año, pero se empecina en mantener sus programas clientelares. Esos dos aspectos vuelven a ser las principales preocupaciones entre la población, de acuerdo a los estudios demoscópicos más serios.
A pesar de que sus deseos chocan con la realidad, el presidente se ha empecinado en acelerar aquellos cambios que desmonten todo lo relacionado con el viejo régimen “neoliberal” y en aplicar programas populistas con los sectores más desprotegidos que le mantengan alta su popularidad.
Algunas estadísticas pueden servir de coordenadas:
El secuestro ha subido un 24 por ciento; hay un promedio de 46 asesinatos por día; México es catalogado por la ONU como el segundo productor mundial de opio; los decomisos de drogas han caído y cinco grupos de narcotraficantes mexicanos son señalados como responsables del tráfico de 91 por ciento de los opioides, por los cuales en 2017 murieron más de 47.600 estadunidenses, de acuerdo a un reporte de la Casa Blanca.
Bajo la filosofía de haber terminado la guerra contra los narcotraficantes, López Obrador ha emprendido dos caminos. Un es atacar las causas sociales y para ello ha empezado a entregar dinero en efectivo a los sectores más pobres y a crear empleos temporales entre los jóvenes; el segundo es la creación de la Guardia Nacional cuyo principal objetivo será proteger a la población.
López Obrador impulsó e impuso una reforma educativa, diseñada a modo de un grupo de maestros radicales, violentos e ideologizados
En Estados Unidos se han quejado de que el actual gobierno cerró la comunicación para coordinar la lucha contra los grupos de narcotraficantes.
En lo económico, las expectativas de crecimiento del PIB han declinado del 2,17 de julio del año pasado al 1,13 este último mes. López Obrador prometió – y se mantiene- que la economía crecería un 4 por ciento este año.
Un reflejo es que la creación formal de empleos en el país se desplomó un 88 por ciento en el mes de mayo, de acuerdo a las cifras del mismo gobierno, pero como se ha vuelto costumbre, el presidente evade esos temas con su frase: “Yo tengo otros datos”.
A pesar de eso, bajo la bandera del bienestar, el presidente ha emprendido una línea de acción dirigida desde su oficina para dotar de dinero en efectivo a jóvenes, amas de casa, adultos mayores, niños y campesinos.
Para ello ha diseñado una estructura con una secretaría, un banco, delegados estatales (tan poderosos o más que un gobernador por los montos de presupuesto que manejan); miles de funcionarios que levantan censos y entregan recursos; la creación de 100 universidades públicas con acceso sin evaluaciones y gratuitas, entre otras cosas.
Impulsó e impuso una reforma educativa, diseñada a modo de un grupo de maestros radicales, violentos e ideologizados con quienes comparte la visión contra el neoliberalismo y la implantación de la llama ideología de género en los planteles de educación básica en todo el país.
Al sindicato oficial del magisterio y a los mismos radicales les ha mantenido beneficios para que ellos pueden autorizar el 50 por ciento de las plazas de reciente creación; les quitó los exámenes de evaluación y volvió obligatoria la educación universitaria.
El gran problema es que esa reforma se diseñó y aprobó sin haber autorizado un presupuesto y tan solo para hacer realidad la obligatoriedad de la educación superior se requieren más de 50.000 millones de pesos este año, unos 3.000 millones de dólares y ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad de decir de dónde saldrá ese financiamiento.
López Obrador canceló la construcción de un nuevo aeropuerto, con lo cual se perdieron decenas de miles de dólares y encargó al Ejército el proyecto, construcción y operación de uno nuevo, el cual está atorado por amparos dados los cuestionamientos de su viabilidad operativa y financiera.
Ha emprendido la construcción de una refinería y un tren en el sureste del país, sin estudios técnicos. Para esos proyectos ha destinado miles de millones de pesos.
Este manejo caprichoso de la economía fue la causa de que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa presentara su renuncia este martes pasado.
Pero el proyecto ideológico de López Obrador contempla abordar el tema de las drogas como un problema de salud y por ello promoverá la legalización de las drogas, a partir de septiembre cuando inicie otro periodo ordinario de sesiones del Congreso.
No solo eso, los grupos más radicales de Morena han desatado una embestida las últimas semanas para legalizar el aborto y las uniones entre homosexuales.
El populismo, la cultura de la muerte y el estancamiento económico son, hasta ahora, el saldo del gobierno de López Obrador.
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