, 23 Jul. 21 (ACI Prensa).- La Iglesia Católica, junto a otras confesiones cristianas, pidió el fin de la violencia en el Occidente Antioqueño y que está afectando gravemente a indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Así lo indicaron en un comunicado del 21 de julio que anuncia la formación de la red Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia (SIZOCC), en la que participan la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y las diócesis de Apartadó, Quibdó y de Itsmina-Tadó; así como la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia en los municipios de Dabeiba y Frontino, y la Iglesia Presbiteriana en el municipio de Dabeiba junto a otras organizaciones solidarias del país sudamericano.
En el comunicado indicaron que esta es una respuesta al “llamado de urgencia que nos han hecho las Misioneras de la Madre Laura de la Provincia de Medellín, ante los graves hechos que vienen padeciendo las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, principalmente del Occidente Antioqueño”.
La violencia se originó por el enfrentamiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y tiene como sus principales manifestaciones el reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersonales, las amenazas a líderes y comunidades, los asesinatos selectivos, los desplazamientos, los confinamientos y los abusos sexuales.
En el comunicado denunciaron también el daño ambiental causado en los municipios de Jericó, sureste antioqueño; de San José de Uré y Montelíbano (Córdoba); y en Santa Cecilia (Chocó), límites con Risaralda, lo que genera “un desplazamiento forzado, a una imposición de las economías ilegales y a la presencia de distintas estructuras armadas sin que las Fuerzas Armadas y de Policía lo impidan”.
Ante esta realidad anuncian una misión humanitaria de la Iglesia Católica y otras organizaciones, especialmente en los municipios de Dabeiba y Frontino.
En el comunicado también solicitaron al ELN y “a los diferentes actores armados presentes en los territorios, a que se dé un respeto pleno del Derecho Internacional Humanitario y cesen la siembra de minas antipersonal”.
A las autoridades colombianas les solicitaron brindar la ayuda humanitaria requerida a las comunidades, trabajar en el desarrollo de desminado, suspender todo tipo de actividad minera a gran escala hasta que se haga un proceso de consulta previa a las comunidades, retomar con urgencia los diálogos con el ELN y acercamientos con otros actores armados.
También pidieron “avanzar en acuerdos humanitarios locales, con el consentimiento de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de las regiones; y adelantar su labor constitucional de combatir y desmontar estructuras sucesoras del paramilitarismo en áreas de operación de la fuerza pública”.
A la Defensoría del Pueblo le exhortaron a “actualizar las alertas tempranas de la región y ejercer sus funciones constitucionales para garantizar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la atención humanitaria de las comunidades afectadas”.
Finalmente le pidieron a la Procuraduría General de la Nación “romper su silencio frente a las actuaciones de los grupos armados y la posible responsabilidad por acción, omisión y aquiescencia de la Fuerza Pública en la situación que padecen las comunidades”.
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