La comisión inició su trabajo el 7 de julio de 2016 con Mons. Vargas como “facilitador del diálogo” junto a 20 miembros del ámbito ciudadano, académico, político y empresarial de la región de La Araucanía.
El documento contiene 50 páginas con propuestas para tres grandes temáticas referentes a la reparación de víctimas de la violencia de la zona; la participación, reconocimiento y nuevas formas de reparación hacia los pueblos indígenas y el desarrollo regional y territorial.
Mons. Vargas manifestó que la deuda histórica hacia el pueblo mapuche, la pobreza de la Araucanía y la violencia desatada son signos de una “Región herida y fragmentada”.
En ese contexto, el Prelado dijo que los participantes de la comisión anhelan “una cohesión social que nos permita vivir finalmente en paz, en el pleno respeto a la vida, identidad y dignidad de cada uno”.
“Esto, gracias a la debida reconciliación, reparación, justicia y desarrollo integral para todos. Lo sabemos, o hay paz y justicia para todos, o difícilmente la habrá para alguien”, agregó el Obispo.
“Si queremos comprender, en efecto, lo que hoy día nos sucede como país y región, y en medio de divisiones, intolerancia, descalificación y diversas formas de violencia, resulta esencial retomar un diálogo ciudadano amplio y generoso, buscando más lo que nos une que lo que nos separa”.
“Sobre todo, porque este diálogo, que siempre implica una capacidad de escucha, debe ayudarnos a construir el presente y el futuro, abriendo espacio a las nuevas generaciones y a los que vendrán”.
“Por su parte, el bien común deriva en primer lugar de la dignidad e igualdad de todas las personas, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido (…) Sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vista al futuro”, precisó.
El Prelado advirtió que “no todos quedarán satisfechos” pero se hizo un “esfuerzo importante en pos de la resolución de conflictos y avanzar en la convivencia pacífica” donde los miembros de la comisión tuvieron que “ceder o postergar legítimas aspiraciones personales o sectoriales en vistas del interés superior”.
Lea el informe AQUÍ
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— ACI Prensa (@aciprensa) 27 de diciembre de 2016
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