“La ley del aborto también atropella nuestros derechos constitucionales”, denuncian médicos chilenos

El médico chileno Luis Jensen

La iniciativa de ley del aborto en tres supuestos aprobada por el Senado chileno no sólo viola el derecho a la vida, también atropella los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Esta es la denuncia del obstetra Luis Jensen en Actuall. Jensen es portavoz de un amplio grupo de médicos, enfermeros, técnicos de la salud y matronas que rechazan el proyecto de ley propuesto por la presidente Michelle Bachelet por considerar que viola derechos fundamentales reconocidos por la Carta Magna. La iniciativa fue votada el 25 de enero en el pleno del Senado y aprobada en lo general por 20 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. Ahora el proyecto será discutido en lo particular, causal por causal, en las comisiones del Senado y en la Cámara de Diputados antes de pasar por votación definitiva. "La iniciativa es inconstitucional, vulnera fundamentalmente el derecho a la vida del que está por nacer, pero también agrede frontalmente la igualdad de todos ante la ley y la libertad de conciencia de los médicos y de todo el personal que trabaja en los servicios de salud que tuviera que participar o colaborar con el acto", expone Jensen. El artículo 19 de la Constitución de la República de Chile reconoce el derecho a la vida, explícitamente ordena la protección de quienes están por nacer, establece el principio de isonomía y consagra el derecho a la libertad de conciencia de todos.
El Manifiesto "Médicos Comprometidos por la Vida" está suscrito por 1.750 y estudiantes de medicina, 2.713 profesionales y técnicos de la salud, 1.054 abogados y más de 47.000 ciudadanos adherentes
El grupo entregó al gobierno de la presidente Bachelet, en septiembre del año pasado, el Manifiesto Médicos Comprometidos por la Vida en el que expresan su repudio a la tentativa abrir las puertas al aborto en el país y piden políticas públicas de apoyo a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

Protesta ante el Palacio de La Moneda

También se han manifestado periodicamente ante diversas instancias del Estado. La última muestra pública de rechazo a la ley abortista aconteció el 5 de enero pasado frente al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, colocando el suelo 500 batas blancas "protegiendo" a un niño vestido de rojo ubicado en el centro. Hasta el momento el Manifiesto Médicos Comprometidos por la Vida esta suscrito por 1.750 y estudiantes de medicina, 2.713 profesionales y técnicos de la salud, 1.054 abogados y más de 47.000 ciudadanos adherentes. Un video con un grupo de connotados firmantes (puede leer el manifiesto completo aqui): https://www.youtube.com/watch?v=48OViL6_7b4

La objeción de conciencia será limitada

El texto aprobado por el Senado, explica Jensen, acepta que haya objeción de conciencia pero sólo para los médicos, y con muchas limitaciones, excluyendo a todo el restante personal técnico y administrativo. "Los funcionarios del área de salud que se nieguen a participar en un procedimiento de aborto terminarán por perder su trabajo como las arsenaleras (que proporcionan el instrumental al cirujano), las matronas, las enfermeras, los encargados del pabellón”, detalla. “Aparentemente el médico podrá abstenerse de participar en un aborto, pero si no hay nadie más que pueda hacer el procedimiento, estará legalmente obligado a realizarlo. Esto es inaceptable, nadie puede ser obligado a cometer un acto malo”, apunta. Se determina que también que el médico tiene el “deber ético” de informar de forma oportuna cuando una paciente se encuentra en alguna de las causales. Si un médico se niega a orientar a una mujer a abortar, por ejemplo, en caso de un bebé con “espina bífida”, podrá ser procesado judicialmente. Lo mismo acontece en caso de quien se niegue a indicar la posibilidad del aborto a una mujer que se presente afirmando que fue violada.

El principio de isonomía será ignorado

Si el Congreso da su aval final a la iniciativa el asesinato de bebés en gestación quedaría incluido entre las prestaciones de salud del sistema público, lo que transforma su práctica en un derecho exigible y todo medico deberá estar técnicamente capacitado para brindarlo.
Quienes se nieguen a realizar abortos podrán verse afectados, especialmente en el sector público, pues el Estado requerirá que ninguno de sus funcionarios objete la ley
Jensen prevé que habrá discriminación para obtener puestos de trabajo pues las nuevas disposiciones generarán una separación obvia entre profesionales que hace todas las prestaciones y aquellos que no. Quienes se nieguen a realizar abortos podrán verse afectados, especialmente en el sector público, pues el Estado requerirá que ninguno de sus funcionarios objete la ley. Aquellos que ya están contratados también podrán ser afectados en su calificación, limitando las perspectivas de desarrollo profesional. Lo mismo sucederá en los centros de formación universitaria ya que se obligará a los profesionales a capacitar en técnicas abortivas. Los médicos que, por sus convicciones éticas, se nieguen a considerar el aborto una práctica “médica” serán excluídos de la enseñanza obstétrica o postergados en su carrera docente. Todo esto infringe los dispositivos constitucionales que garantizan la libertad de trabajo, la libre contratación y prohiben cualquier tipo de discriminación arbitraria.

Los tres supuestos abren las puertas al aborto libre

El proyecto de ley entregado por el gobierno socialista al Congreso considera no punible el aborto cuando hay riesgo –"presente o futuro"– para la salud de la madre, el bebé es portador de un padecimiento congénito o genético "incompatible con la vida extrauterina", o el embarazo es resultado de una violación. Aunque el gobierno defiende que se trata de una ley “limitada a tres supuestos específicos”, el primer supuesto, en la practica, instituye el “aborto libre”, ya que el ‘riesgo’ para la madre se establece con criterios Organización Mundial de la Salud, que entiende salud como “estado de bienestar”. Desde ésta perspectiva, si un embarazo altera o daña el bienestar físico, sicológico o social, “presente o futuro” de la gestante, quedaría legitimada para terminar con la vida de su hijo. Es la misma estrategia que se utilizó en España para legalizar de hecho el aborto. Allí 97% de los abortos legales se realizan hoy bajo esta causal. “En la práctica, despenalizar por esas causales, establecerá la obligatoriedad para realizar abortos a todos los centros de salud si las mujeres así lo exigen”, concluye Jensen.

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