Un juez interviene para que no se le corte el grifo a Planned Parenthood en Texas

La llegada de Donald Trump le está poniendo complicadas las cosas a la multinacional abortera. La semana pasada, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, anunció en una entrevista que cesaría la financiación pública a la empresa abortista Planned Parenthood. Pero el juez federal Sam Sparks emitió una orden por la que impedía que el estado de Texas redujera la financiación a la empresa que provoca la muerte de los no nacidos. Esta orden está parada hasta el 27 de enero, cuando se tome la decisión final tras analizar las pruebas. Según publica LifeSiteNews, el estado tejano, de mayoría republicana, habría decidido recortar el presupuesto al descubrir vídeos en los que habría una clara evidencia de que Planned Parenthood había violado leyes tanto a nivel estatal como federal. Ese video fue publicado por el Centro de Progreso Médico (Center for Medical Progess - CMP).

El estado de Texas informó del recorte a la compañía abortista en diciembre

Como respuesta a esta decisión, la empresa abortista decidió demandar al estado de Texas y al programa Medicaid. La excusa del juez Sparks no es otra que, según él, la de tener tiempo para analizar la "montaña de pruebas" que hay sobre el caso. Esta orden estaría vigente durante un mes, es decir, hasta finales de febrero. Según Reuters, Planned Parenthood declaró que ninguno de los fondos recibidos de Medicaid fueron para a abortos. Asimismo, aseguró que los vídeos del CMP han sido editados y manipulados. El estado, por su parte, añadió que otros centros pueden proporcionar estos 'servicios'. El estado de Texas informó a la compañía de este recorte, alegando que no se han cumplido los estándares médicos el pasado mes de diciembre. Y es que Planned Parenthood ha sido acusada en numerosas ocasiones de crímenes tales como el tráfico de órganos o tejidos con el fin de lucrarse.

Los vídeos demuestran que Planned Parenthood se desvía de "los estándares aceptados para recibir más dinero".

Stuart Bowen, inspector general de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, aseguró que los vídeos revelan una historia de "desviarse de los estándares aceptados" para obtener muestras de tejido con "intención de recibir más dinero". En uno de los vídeos proporcionados por la Comisión de Salud, se puede ver a un empleado de la compañía asegurando que los abortistas están a favor de almacenar las partes de los bebés para, posteriormente, venderlas. Una acción ilegal a nivel federal. "Su mala conducta está directamente relaciona con si está cualificado para proporcionar estos servicios médicos de manera profesional, segura, legal y ética", declaró Bowen.

Un juez polémico

Este juez, es el mismo juez que la pasada semana extendió una orden por la cual no se siguen las leyes tejanas. Lo que esta norma establece, es que los centros que promueven el aborto, deben proporcionar a los bebés abortados un entierro apropiado o incineración. Planned Parenthood recibe aproximadamente 4,2 millones de dólares, según la Comisión de Salud y Servicios Humanos.

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