Pbro. Armando González Escoto
El máximo tribunal que existe en este país se llama Suprema Corte de Justicia, está por encima de todo otro tribunal y a esta Corte acude todo mundo en demanda de jurisprudencia, es decir de un apelo superior y definitivo. Esto nos llevaría a suponer que los integrantes de este superior tribunal deben ser personas bastante expertas en el conocimiento de las leyes, y tener además probada honestidad y recto juicio. Con base a lo que deben ser y hacer los integrantes de la Suprema Corte obtienen salarios que ya los quisieran tener los jueces de España.
Ahí comienza la primera contradicción ¿Cómo es que personas tan capaces y honestas aceptan recibir sueldos tan desmedidos en un país con más de cincuenta millones de personas viviendo en la pobreza? ¿Acaso no es parte de la corrupción el que los mismos legisladores hayan establecido semejantes salarios a espaldas de la sociedad?
Un segundo tema es la decisión que los propios jueces tomaron de no regresar los sobrantes de su crecido presupuesto a las arcas de la nación, sino establecer un fideicomiso donde dichos sobrantes se invierten para luego repartírselo entre ellos a la hora de jubilarse, con lo cual puede suceder que eviten gastar el presupuesto en lo que deben, a fin de aumentar el fondo de su fideicomiso, acciones, unas y otras, de la más burda corrupción.
Pero ahora hay un tercer escándalo que mancha el prestigio que deberían cuidar: El haberse amparado para no transparentar sus acciones durante los próximos cinco años. ¿Será el temor que sienten ante el triunfo de López Obrador, que por lo menos hasta este momento sigue presentándose como el paladín de la justicia y el enemigo de la corrupción? ¿Los jueces temiendo la justicia?
Lamentable acción, pues el que nada debe nada teme, pero el que sin deber se oculta, envía una señal equivocada; por lo menos el mensaje de que precisamente los principales abogados de la justicia son los primeros en prevenirse contra ella. Sin duda que al nuevo gobierno federal le esperan grandes retos, toda vez que los cambios que pretende podrán ser permanentemente bloqueados nada menos que por la Suprema Corte de ¿Justicia?
El presupuesto que recibe este organismo para el presente año es de setenta y cinco mil millones de pesos. Por favor, lea con detenimiento y piense en lo que esa cifra supone. Por otra parte el ministro presidente de la Suprema Corte gana 651,741 pesos mensuales, mientras que los otros diez ministros obtienen 362,000 pesos también cada mes, salarios a los que hay que añadir, además, las prestaciones, ¿Leyó bien?; usted, amable lector, ¿Cuánto gana por el trabajo que hace día con día?.
El ministro presidente afirma que sus salarios son “condiciones necesarias, indispensables e ineludibles, para un servicio público de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa”, ¿Había usted jamás leído una justificación más repulsiva e insensata?.
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