El Constitucional de Colombia obliga al adoctrinamiento de género a los jueces

La Corte Constitucional de Colombia obliga a que todos los jueces del país "apliquen un enfoque diferencial de género al momento de decidir cualquier asunto a su cargo", tal y como queda expresado en el fallo de la sentencia T-338/18 fechada el pasado 22 de agosto y difundida recientemente por el mismo organismo. La magistrada Gloria Estella Ortiz Delgado, ponent de la sentencia firmada por tres mujeres y un hombre del Tribunal Constitucional, señala en concreto que ordena "al Consejo Superior de la Judicatura para que exija la asistencia obligatoria de todos los jueces del país de la jurisdicción de familia, a las capacitaciones sobre género que ofrece la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla [Centro de formación judicial en Colombia] y la Comisión de Género de la Rama Judicial". La sentencia justifica la orden "con el fin de fortalecer la creación de nuevos marcos interpretativos en perspectiva de género, que permitan la real y efectiva reconfiguración de patrones culturales y estereotipos de género discriminatorios". La sentencia se produce por la petición de amparo de una mujer frente a la decisión de un juzgado de Familia que determinó que incumplió la medidda de protección a su hija al incurrir "en actos de violencia en presencia de la menor de edad dentro del incidente de desacato de la medida de protección iniciado en contra de su antiguo compañero", acusado por amenazas y maltrato físico y psicológico. En los últimos años no han sido pocas las decisiones polémicas del Tribunal Constitucional de Colombia, siempre en la línea de reforzar la ideología de género o los postulados contrarios a la defensa integral de la dignidad de la vida humana. Así, en noviembre de 2015, abrió la puerta a la legalización de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo; y en el mes de abril de 2016 equiparó las uniones entre personas del mismo sexo al matrimonio. Ya en octubre de 2017, la Corte Constitucional del país instó al Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos a legislar para permitir que los menores de edad también pudieran reclamar su muerte anticipada en casos de enfermedad terminal.

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