El pastelero Jack Phillips, que venció la censura LGTBI, pasa al contraataque

Jack Phillips defiende el derecho a no hacer tartas con motivos contrarios a sus convicciones más profundas.

El pasado 4 de junio de 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio la razón a Jack Phillips, un pastelero de Colorado que se había negado en conciencia a poner su destreza profesional al servicio de una pareja de varones que iban a formalizar su unión civil conforme a las leyes del Estado. Jack Phillips ofreció a sus clientes cualquiera de las tartas que estaban ya realizadas, o de las que habitualmente realizan, pero declinó la posibilidad de elaborar una con motivos LGTBI, dado que eso violentaría sus más íntimas convicciones. La sentencia subraya que la Comisión de Derechos Civiles de Colorado mostró "hostilidad" hacia las creencias religiosas de Phillips, que durante seis años se convirtió en una suerte de muñeco del pim, pam, pum LGTBI en los Estados Unidos. "El panadero, en su calidad de propietario de una empresa que presta servicios al público, debe tener su derecho de libre ejercicio de la religión limitado por las leyes que se aplican generalmente” expresó el Supremo de los Estados Unidos en una sentencia aprobada por mayoría. Phillips ha pasado un auténtico infierno personal, profesional y social durante los seis años que ha durado el proceso que se debatía entre la protección de los derechos de las personas y la libre expresión de las creencias religiosas según la Primera Enmienda de la Constitución americana. A pesar de que Phillips obtuvo un respaldo mayoritario de la Corte Suprema, ésta no estableció una norma general a aplicar en estos casos. Así que una vez que Phillips ha sido respaldado por la justicia, no ha querido pararse ahí y ha presentado una demanda múltiple contra el Estado de California. En ella denuncia que fue violado su derecho a la libertad religiosa; que vio cercenado su derecho a la libertad de expresión cuando el Gobierno de Colorado trató de obligarle a "crear y difundir expresiones que violen sus creencias religiosas"; en tercer lugar, Phillips denuncia que fue víctima de la aplicación "injusta y sesgada" de la ley, contra la Decimocuarta Enmienda; también que su derecho a ser protegido en decisiones motivadas por su religión fue discriminado. De esta manera, Phillips trata de fortalecer el basamento jurídico que le ha resultado favorable, pero que no es de aplicación obligatoria en casos similares al suyo, que cada vez proliferan más.

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