El PP impulsa en el Congreso la condena extrajudicial por ‘violencia de género’

La exministra de Sanidad, Dolors Montserrat (c), posa con los asistentes a la reunión para poner el marcha el Pacto contra la Violencia de género el 27 de diciembre de 2017. / EFE

El Grupo Parlamentario Popular en el congreso registró el pasado 13 de julio una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género que será debatida este martes y que pretende dar cumplimiento a lo previsto en el informe de la Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de género y en el Informe de la Ponencia del Senado de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. Entre las medidas propuestas por el Partido Popular, se incluye la ampliación del concepto de "violencia contra la mujer" de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa. Así, se considera "violencia contra la mujer" como "una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación que comprende todos los actos de violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer, o que le afecte de manera desproporcionada". En la misma línea, se modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica para "concretar y ampliar los títulos judiciales habilitantes para acreditar la condición de víctima de  vilencia de género", así como "establecer otros títulos no judiciales habilitantes para los casos en que no hay denuncia y, en consecuencia, tampoco existe procedimiento judicial abierto". Esta propuesta, también se basda en el Convenio de Estambul que "exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio por parte de aquellas de acciones legales ni a la declaración contra el autor". Es decir: si hay consideración extrajudicial de víctima, en consecuencia, también hay consideración extrajudicial de culpable.

Patria potestad y asistencia psicológica

La reforma planteada por el Partido Popular también prevé que "la astención y asistencia psicológica queden fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal". Dado que según esta ley sólo el varon puede ser culpable o quedar incurso en un proceso penal, seproduce undesequilibrio evidnete entre las posibilidades del ejercicio de la patria potestad.

Otras medidas

La proposición de ley del Partido Popular contempla otras muchas medidas, como la creación de una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, que actuará en principio hasta que se apruebe una ley específica sobre violencia sexual; la prohibición de visitas de los menores al progenitor condenado por violencia de género; incluir entrelas competencias propias de los municipios "las actuaciones en materia de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género"; extender la "prohibición de aproximación y comunicación que se establece a favor de la madre, a sus hijos en determinados casos graves"; permitir "a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimineto"; o asegurar "la inmediata presencia y asistencia" de los abogados de oficio que atienden a las denunciantes de malos tratos.

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