El agua no es una mercancía

Manuel Cubías - Ciudad del Vaticano

Acceso al agua en el mundo

Según datos de la ONU, en 2015, el 71% de la población mundial (5200 millones de personas) utilizaba un servicio de suministro de agua potable gestionado de forma segura —es decir, ubicado en el lugar de uso, disponible cuando se necesita y no contaminado.

Del total de la población mundial, al menos 844 millones de personas carecen incluso de un servicio básico de suministro de agua potable, cifra que incluye a 159 millones de personas que dependen de aguas superficiales.

Esto se ve agravado cuando la población se abastece de aguas superficiales: al menos 2000 millones de personas se abastecen de una fuente de agua potable que está contaminada por heces.

Estas condiciones que vive la humanidad se ven agravadas por el aumento de la población, la urbanización y el impacto del cambio climático, al aumentar, en muchos lugares del planeta, las sequías y la consiguiente reducción de las fuentes de agua.

Sectores pobres, los más afectados

De toda esta población sin agua ni saneamiento, los sectores más afectados son aquellos de los países de rentas medias y bajas que viven en condiciones de extrema pobreza, normalmente en zonas periurbanas o rurales. De hecho, dos de cada tres personas sin acceso al agua son pobres.

Latinoamérica es la zona geográfica en la que se ha promovido en mayor medida la privatización de los servicios de agua. Algunas de estas se han dado en ciudades de Argentina, Ecuador, México, Honduras y Perú. En El Salvador hay un fuerte interés privatizador por parte de sectores económicos.

El agua no es una mercancía

Es fácilmente constatable que en muchos países, el agua ya es un bien privatizado: se vende embotellada y a precios altos, a los que una buena parte de la población, no tiene acceso. En ciertos países de Europa, el costo de una botella de agua es similar al de una botella de vino.

La lucha por el derecho humano al agua es la lucha por la vida de millones de personas en todo el mundo. El agua es un bien común. Toca a los estados garantizar este derecho de sus ciudadanos.

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