El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) negó inicialmente el proceso por el cual Verónica Botero pretendía adoptar los hijos biológicos de su pareja, Ana Elisa Leiderman. En un controversial fallo, en agosto de 2014, la Corte Constitucional sentenció a favor de la pareja homosexual.
Entre los magistrados que fallaron a favor se encontraba Jorge Iván Palacio Palacio.
Sin embargo, para Voto Católico Colombia en el caso habría existido un “evidente conflicto de intereses”, por el cual Palacio Palacio debió “haberse declarado impedido para presentar ponencia”.
“El 3 de septiembre, una semana después de que la Corte falló a favor de la adopción de dos menores por parte de la compañera de su madre biológica, se supo en los medios de comunicación que estos menores sí conocían a su padre biológico que además resultó ser sobrino del magistrado Jorge Iván Palacio”.
La organización colombiana recordó que “en su momento, el magistrado Palacio confirmó que sí tiene un sobrino que responde a los nombres y apellidos del presunto padre biológico de los menores, pero que no se declaró impedido porque en el momento de discutir la tutela no sabía que su sobrino fuera el padre biológico de los menores en cuestión, y su nombre no había aparecido en la ponencia que fue discutida”.
Pero el abogado, indicó Voto Católico Colombia, “admitió que sí conocía a la pareja, y fuentes cercanas a estas dijeron que el magistrado sí habría visitado en varias oportunidades a los menores. Incluso cuando murió el hermano del magistrado, este compartió allá junto con su sobrino y sus dos hijos”.
Para Voto Católico Colombia “estos elementos obligan a la Corte a declarar la nulidad de tal fallo, pues se basa en hechos que se han demostrado falsos, y al magistrado Palacio a declararse impedido para decidir en este caso, por tener un conflicto de intereses en este”.
“En el mismo momento en que el magistrado supo que tenía un conflicto de intereses en el caso de la adopción que reclamaban la pareja de lesbianas debió haberse declarado impedido para conocer también de este caso, y debió entregar el caso para que fuera repartido a otro magistrado sin intereses particulares en él. No haberlo hecho, constituye el delito de prevaricato, una falta contra la ética y contra la independencia judicial”.
Para firmar la petición exigiendo la renuncia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio y la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional, puede ingresar a: http://citizengo.org/es/16304-renuncie
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