Así sucedió
Pbro. Tomás de Híjar Ornelas
Cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara
Muy tensas eran las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México el 21 de agosto de 1926. Ese día, en un intento desesperado por suavizarlas, el Delegado Apostólico en México, don Leopoldo Ruiz y Flores, Arzobispo de Morelia, y el Secretario de la Delegación, don Pascual Díaz Barreto, Obispo de Tabasco, se entrevistaron con el Presidente de México, General Plutarco Elías Calles, en el Castillo de Chapultepec, entonces su residencia oficial.
Querían una solución razonada al recrudecimiento impuesto por una legislación que no solucionaba nada, pero su deseo chocó con un Mandatario duro, distante y a la defensiva. Los Obispos apelaron a todos los argumentos para alcanzar puntos de negociación. Calles hizo lo propio: “Ya les he dicho a ustedes, no tienen más que dos caminos: sujetarse a la Ley; pero si ésta no está de acuerdo con sus principios, lanzarse entonces a la lucha armada y tratar de derrocar en esta forma al actual Gobierno”. A los Obispos no les quedó más remedio que volver sobre sus pasos, humillados, sí, pero conscientes de haberlo intentado todo.
Que la incitación a la guerra haya salido de los labios del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de México nos mueve a pensar, a 90 años de distancia, que no puede ser la voluntad de una sola persona la que produjo, como en este caso, la más espeluznante de las guerras jamás habida en México, sino también la complicidad de su Equipo de Gobierno. La incapacidad presidencial para negociar, sólo pudo ofrecer la incondicionalidad servil de su obediencia ciega, no obstante que la cordura pedía una revisión exhaustiva a los motivos sociales irritantes en ese momento. En otras palabras, si los Diputados y Senadores, Gobernadores y Presidentes Municipales, Ejército y Magisterio, Jueces y Magistrados, Académicos e Intelectuales de entonces hubieran actuado con honestidad y valor, la guerra se habría evitado. Pero nadie dijo nada y la guerra comenzó el 1º de enero de 1927.
El estado de la cuestión
A partir del 1º de agosto del año anterior (1926) todos los templos del país quedaron abandonados por el Clero y a cargo del vecindario. Viven aún testigos que recuerdan escenas estrujantes ocurridas la víspera de ese día, cuando el mayor número de fieles nunca reunido en las iglesias del país se agolpó en esos recintos, ansiando confesarse y asistir a la última Misa pública en muchos meses.
El Gobierno había hecho lo posible por malquistarse con los católicos, la inmensa mayoría de los mexicanos. Por ejemplo, en 1921 intentó destruir con dinamita la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe; en 1923 expulsó al Delegado Apostólico, Arzobispo Ernesto Filippi; en 1925 hizo cabeza de un cisma al Presbítero Joaquín Pérez Budar.
En reacción a ello, se constituyó en Jalisco, bajo el liderazgo de Anacleto González Flores, la Unión Popular, la cual hizo de la resistencia pasiva su divisa, y del boicot al comercio su principal herramienta. En la Ciudad de México, en cambio, nació la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que optó por la resistencia activa y convocó a los católicos a la guerra contra el Gobierno y sus instituciones.
Además de la Ley Calles, que asfixiaba la libertad religiosa hasta lo insoportable, exigiendo que los Sacerdotes se registraran ante la Secretaría de Gobernación de modo que esta dependencia y no los Obispos debían ser los que asignaran el Personal y licitaran los lugares para administrar los Sacramentos, la gota que derramó el vaso fue la suspensión de los cultos en los templos, decretada por los Obispos para presionar al Gobierno a desistirse de su propósito; medida que la gente común no interpretó como una decisión episcopal, sino como prohibición del Gobierno.
La chispa que faltaba para hacer tronar un polvorín que ardió en llamas casi tres años, fue la convocatoria de la Liga incitando a los católicos del país a levantarse en armas hace 90 años, el 1º de agosto de 1927.
Publicar un comentario