De todo un poco

Román Ramírez Carrillo

País pobre, con democracia cara

Los peligros que acechan a la democracia, fue el argumento que se utilizó hace 20 años para justificar el costo millonario de nuestra democracia mexicana. Se nos vendió la idea de que teníamos que invertir en un sistema electoral para garantizar la confianza, transparencia y equidad de las elecciones.
El presupuesto del INE para 2018, de 25 mil 45 millones de pesos el “más alto de la historia”,  confirma que nuestra democracia, sin ser efectiva,  es una de las más caras del planeta y lastima y molesta a los ciudadanos porque los frutos de esta democracia son amargos. ¿Por qué tiene que costarnos tanto?
Esta democracia electoral no resuelve las necesidades básicas de los ciudadanos como la seguridad, la educación, la salud, el empleo y el crecimiento económico.

El gasolinazo que viene

Ante la disminución de la producción del petróleo, por el huracán Harvey, y la fluctuación a la baja del peso frente al dólar, es de prever, un nuevo aumento al precio de las gasolinas, que complicará aún más al pueblo mexicano. ‘Medidas dolorosas pero necesarias’ o algo parecido, será el argumento.
En los inicios del 2015, por medio de la red social Twitter, Enrique Peña Nieto informó que “gracias a la Reforma Hacendaria, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, Diésel y Gas LP”. Un año después, nos llegó el gasolinazo, lo que afectó el bolsillo de los ciudadanos.

El descontento social improvisó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, con empresarios y sectores productivos del país para enfrentar las consecuencias económicas derivadas del gasolinazo. ¿Qué ha pasado con el acuerdo, cuáles son sus logros?.
En la realidad: la inflación más alta en los últimos 17 años, según el INEGI.

En el papel: El compromiso del sector gubernamental y empresarial para mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley; fomentar la inclusión laboral de los grupos vulnerables, recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, y muchas intenciones más. A la fecha no se conoce algún informe de resultados.

Sin voto no hay dinero

Una buena noticia es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aprobar la constitucionalidad de la ley, avalada en junio pasado por el Congreso de Jalisco, #SinVotoNoHayDinero, pues recorta el financiamiento a los partidos políticos en nuestro estado.
La decisión de la corte desecha los recursos de inconstitucionalidad  interpuestos por el Partido Verde, Nueva Alianza y Morena, que buscaban mantener los privilegios de la partidocracia.
La constitucionalidad a favor de la propuesta del diputado independiente Pedro Kumamoto, fue votada por 7 de 11 ministros. En Jalisco se comenzará a aplicar a partir de 2019.
Si esa ley se aplica en todo el país, habría una reducción de 52% de los recursos que actualmente reciben los partidos políticos, que son altos y excesivos.

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