Rumanía impide la libre expresión en la campaña del referéndum sobre la familia

Desde el fin de la dictadura comunista en Rumanía no se había visto que la Policía irrumpiera en un recinto sagrado como es una parroquia para arrancar una pancarta favorable al blindaje del matrimonio como la unión libre entre un hombre y una mujer. Así habría sucedido tal y como denuncia la Coalición por la Familia en un comunicado el pasado 29 de septiembre en la ciudad de Braila. Además de irrumpir sin una base legal, la Policía impuso una multa al párroco. Según denuncian los impulsores del referéndum en un comunicado, las autoridades están activando de forma inadecuada dos leyes que sólo serían de aplicación a los partidos políticos, durante una campaña electoral y en el día previo a las elecciones. O lo que es lo mismo, el llamado "día de reflexión". "Por lo tanto ¡no existe ninguna conexión legal con nuestro referéndum no político!" subrayan sus promotores. Pero las prohibiciones no se limitan a impedir la colocación de pancartas. Tal y como denuncian desde la Coalición por la Familia, muchas juntas electorales han impedido la contratación de cuñas publicitarias en los medios, "bloqueando por completo la promoción de la campaña del Referéndum". "A los ciudadanos rumanos y sus organizaciones civiles se les prohíbe hacer campaña libremente y sin discriminación" El contexto en el que ha sucedido este atropello es la próxima celebración del referéndum impulsado por una iniciativa popular que recogió más de tres millones de firmas, y que pretende proteger la definición jurídica del matrimonio en su Carta Magna y evitar la equiparación de esta institución a otro tipo de uniones. En concreto, se trata de modificar el artículo 48 de la Constitución de Rumanía para que su redacción final quede como sigue: “La familia está fundada sobre el matrimonio libre entre un hombre y una mujer, su igualdad y el derecho y el deber de los padres a garantizar la educación y la instrucción de los niños”. La celebración de este referéndum ha sido bloqueada durante más de dos años, hasta que las autoridades no han tenido más remedio que activarlo en cumplimiento de la ley.

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