LIMA, 26 Jul. 19 (ACI Prensa).- La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso del Perú, presidida por la congresista Milagros Salazar, halló responsabilidad política en varios exministros de Educación y en la actual ministra Flor Pablo Medina, del Gobierno de Martín Vizcarra, por las irregularidades encontradas en los textos escolares, como los enlaces con controvertido contenido sexual.
El texto fue presentado el 23 de julio y se titula “Informe de la comisión investigadora sobre las presuntas irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción, adquisición y distribución de los materiales educativos de la educación básica en las gestiones de los ministros de educación Patricia Salas O’Brien, Jaime Saavedra Chanduvi, Marilú Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Flores y Flor Pablo Medina”.
El 26 de julio, el exministro Idel Vexler publicó un comunicado en el que negó tener “ninguna responsabilidad política ni pedagógica” en cuanto a los textos y materiales educativos; y precisó que “los errores señalados no están en la línea de mi pensamiento y praxis como educador, viceministro y ministro” de Educación, cargo en el que sirvió durante seis meses.
La investigación se dio luego que en abril el abogado del colectivo Padres en Acción, Alberto Gonzáles, denunció que en el texto del Ministerio de Educación (Minedu) para tercero de secundaria aparece un enlace en el que se incentiva a experimentar el “placer sin límites” con la masturbación, el sexo anal, oral e incluso con prácticas sexuales en grupo con personas del mismo sexo.
Tras las críticas de algunos congresistas, el sector de Educación anunció el retiro del enlace de su sitio web oficial. No obstante, el texto ya estaba impreso y al alcance de los menores.
A pesar de la controversia, la ministra Pablo defendió la permanencia del “enfoque de género” o ideología de género en el currículo nacional y pidió a los docentes “borrar con plumón” el cuestionado enlace.
Responsabilidad de las autoridadesEl informe señala que se constató que las irregularidades en los textos escolares, desde la gestión de la exministra Patricia Salas hasta la del exministro Daniel Alfaro, abarcan “desde errores tipográficos y pedagógicos hasta contenidos inapropiados de naturaleza sexual e ideológica”.
“Estos cuestionables contenidos guardarían relación con el perfil personal de algunos funcionarios con alto protagonismo dentro del Ministerio de Educación”, señala el texto.
“Así por ejemplo la afinidad por la distorsión conceptual del género, la férrea promoción de educación sexual integral sin la debida autorización de los padres de familia y la inclinación por el desprestigio general de las Fuerzas Armadas en la época del terrorismo, son las principales tendencias que se han podido constatar”, indica.
Al permitir la inclusión de contenidos cuestionables, precisa el informe, las autoridades del Ministerio de Educación incurrieron en “evidentes vulneraciones a los derechos constitucionales de padres, madres y estudiantes en general”.
“La aplicación del enfoque de igualdad de género en la educación y en los diferentes estamentos como única política de Estado en materia sexual, es abiertamente inconstitucional, ya que vulnera directamente la libertad (expresión, conciencia y religión)”, afirma el documento.
Recomienda a la Fiscalía investigar estos hechosLa Comisión de Educación del Congreso recomendó al Ministerio Público que investigue estos indicios y eventualmente otros delitos. También indican que pedirán al pleno del Congreso facultades de grupo investigador para seguir con la investigación.
El informe también recomienda al Minedu “cumplir con la función inductora de conocimientos y valores éticos, y no arrogarse la formación moral que es exclusiva de los padres de familia”.
Indica que para ello “es necesaria la implementación de escuelas de padres en toda institución educativa, las que ayudarán a orientar la formación de los futuros estudiantes, desde el hogar”.
Además “es necesaria la supresión de todo enfoque que sirva de fuente para la segregación y la confrontación de grupos sociales, pues esto atenta contra la paz, la estabilidad y el desarrollo del país”.
El informe también recomienda a la Agencia Peruana de Cooperación (APCI) que regule y fiscalice el accionar de las ONG, la transparencia del origen de sus recursos, así como “el objeto y ámbito de sus intervenciones”.
Presuntos delitosEl informe identifica como “presuntos responsables” del delito de “publicaciones obscenas agravadas por inclusión de links con contenido inapropiado” a Ariela Villafana Pino, encargada de la revisión técnico pedagógica de los textos; y a Rossana María Zurita Silva, encargada del área de asesoría pedagógica.
Villana, según el documento, también es presuntamente responsable del delito de “apología al aborto por inclusión de links con contenido inapropiado”.
En cuanto al delito de “omisión y retardo de funciones en la falta de revisión e implementación de medidas correctivas” se halló como “presuntos responsables” a la actual ministra de Educación, Flor Pablo Medina; a la actual viceministra de Gestión Pedagógicas, Ana Patricia Andrade Pacora; a la exviceministra de Gestión pedagógica, Susana Helfer Llerena, a la directora de Educación Secundaria, María Ysabel Curay Criollo; y a la asesora del viceministerio de Gestión Pedagógica, Cecilia Pilar Carrión Rueda.
Sobre el delito de “colusión en la impresión de los textos escolares”, se identificó como presuntos responsables a Lilian Marlene López Suárez, directora de la Dirección de Recursos Educativos; Jennifer Goyzueta Casapia, jefa de la Unidad de Adquisiciones de Recursos Educativos; y a Gilberto Nicanor Guevara Chumpitaz, asesor legal especialista en contrataciones de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos.
El informe también señala a siete funcionarios, en el periodo entre julio de 2011 y octubre de 2013, como “presuntos responsables” de los delitos de colusión desleal, aprovechamiento indebido del cargo, contra la fe pública en modalidad de falsedad ideológica, incumplimiento de funciones y abuso de autoridad.
Los presuntos responsables de estos delitos serían Patricia Salas, exministra de Educación; José Yehuda Martín Maman Castro, exdirector general de Administración; Erick Franklin Paz Meléndez, exjefe de Asesoría Jurídica; Gerardo Guerra Blanco, exjefe de la Alta Dirección y Subvenciones; Darío Ugarte Pareja, director de Educación Secundaria; Manuel Rumiche Pinday, exgerente de presupuesto; y Ursula Desilú León Chempén, exsecretaria general del ministerio.
Estos presuntos delitos habrían ocurrido cuando se pagó casi cuatro millones de soles (alrededor de 1,6 millones de dólares) a la OEI “para ejecutar procesos de selección para compras de textos y materiales educativos” sin “sustento alguno más que solo la aprobación de sendas resoluciones ministeriales para efectuar dichos pagos”.
La OEI es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Además precisa que “el Estado peruano gastó más de 18 millones de soles en la impresión de textos escolares que contienen errores y deficiencias en su concepción y elaboración” y en algunos casos “no han sido entregados a los alumnos, con lo que se evidencia la absoluta ineficacia del gasto incurrido”.
Cuestiona comisión que revisó los textosLa Comisión también se pronunció sobre la revisión de los textos escolares realizada por una comisión o mesa de trabajo de 17 miembros designada por el Minedu, entre quienes estaban dos sacerdotes y una religiosa católicos.
Los presbíteros son el P. Elías Neira Arellano, sacerdote agustino y magíster en Educación; y el sacerdote jesuita Miguel Cruzado Silveri, director nacional de Fe y Alegría, que también ha sido provincial de los jesuitas en el Perú así como consejero y asistente de América Latina Meridional del Superior General de la Compañía de Jesús en Roma, P. Arturo Sosa.
La religiosa es la hermana María Antonieta García Carrizales, presidenta del consejo directivo del Consorcio de Centros Educativos Católicos (CCEC).
La Comisión del Congreso señaló que lo hecho por este grupo “es un trabajo bastante escueto y generalista (17 páginas) que no ahonda en el análisis de los contenidos inapropiados ni recomienda acciones de mejora que puedan evitar próximas afectaciones al desarrollo integral de los estudiantes”.
El 23 de abril, el colectivo Padres en Acción advirtió que esa mesa de trabajo “no ofrece ninguna garantía de imparcialidad. Y es que no se puede ser juez y parte en este delicado proceso”.
El colectivo advirtió que sus integrantes “son, en su mayoría, funcionarios y asesores que ya se encuentran alineados a las nefastas políticas de género ideologizado de las últimas gestiones del Minedu, así como miembros del Consejo Nacional de Educación (CNE), quienes fueron los que precisamente recomendaron incorporar el enfoque transversal de género en el currículo escolar”.
¿Qué es el enfoque de género?
El enfoque de género o la ideología de género es una corriente que considera al sexo como una construcción sociocultural y que atenta contra la naturaleza humana. Este ha sido criticado varias veces por el Papa Francisco y otros miembros de la Iglesia; y en ese sentido en junio el Vaticano publicó en junio el documento “Varón y mujer los creó. Para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación”.
En su informe, la Comisión del Congreso cita el concepto de género adoptado por el Gobierno y que se encuentra en el folleto “Conceptos fundamentales sobre el enfoque de género para abordar políticas públicas”, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
“Este concepto nos ayuda a comprender que, lo que se asume como características naturales de mujeres y hombres no vienen por la naturaleza o se derivan del sexo de las personas, sino que son construidas social y culturalmente a través de relaciones sociales e imposiciones culturales”, indica el folleto.
El informe de la Comisión del Congreso explica al respecto que “esta teoría netamente constructivista del género como producto de la sociedad y la cultura, desarraigándolo de lo natural o biológico, ha sido adoptada por el Ministerio de Educación y recogido en el Currículo Nacional de Educación – CNEB”.
“Es menester señalar que la aplicación de este enfoque transversal (de género) nunca fue consultado con los padres de familia”, denuncia el informe.
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