Ottawa, 27 Feb. 20 (ACI Prensa).- Los obispos católicos de Canadá condenaron el 26 de febrero los esfuerzos del Parlamento para expandir aún más el suicidio asistido a las personas que no tienen enfermedades terminales.
El proyecto de ley, conocido como Bill C-7, se presentó en el Parlamento el 23 de febrero. Además de permitir que las personas sin enfermedades terminales acaben con sus vidas, el proyecto también crea la posibilidad de que los pacientes emitan instrucciones anticipadas, autorizando su propia muerte por adelantado.
Según el lenguaje del proyecto de ley, “eliminaría el requisito de que la muerte natural de una persona sea razonablemente previsible para ser elegible para asistencia médica para la muerte”.
El 26 de febrero los obispos expresaron en una declaración “la mayor preocupación y consternación con respecto a la (introducción) del proyecto de ley C-7, que busca ampliar los criterios de elegibilidad para la eutanasia y el suicidio asistido”.
Los obispos condenaron “el lamentable objetivo legislativo” de ampliar el acceso a la muerte asistida e insistieron en “aprovechar todas las oportunidades de debida diligencia durante el proceso parlamentario”.
“Se debe hacer todo lo posible para comprender más plenamente las graves implicaciones de lo que se contempla a través del proyecto de ley C-7, incluidos los peligros inevitables, negativos y perjudiciales que enfrentan los que son más vulnerables en la sociedad”, agregaron.
Los obispos pidieron a la Cámara de los Comunes de Canadá que remitiera el proyecto de ley a un comité para su posterior debate y examinación, antes de su segunda lectura en el Parlamento. Si el proyecto de ley se trasladara al comité, a los testigos se les permitiría testificar “de manera totalmente pública, transparente y abierta a una amplia gama de voces”, dijeron.
Los obispos también expresaron su esperanza de que una audiencia en el comité resulte en “una consideración plena y prudente de los principios morales y éticos inviolables, el bien común y la preocupación por las generaciones futuras”.
Además, expresaron su preocupación por la pérdida de las salvaguardas existentes para las “muertes con asistencia médica”.
“Aquellos que cambian de opinión en una fecha posterior, pero cuya capacidad de comunicación se ha visto afectada desde entonces, tendrían que expresar su rechazo en 'palabras, sonidos y gestos' potencialmente vagos”, dijeron los obispos.
Esto haría “inmensamente difícil y altamente subjetivo para los médicos y abogados descifrar si el paciente todavía desea o no consentir el procedimiento letal”, dijeron.
Los obispos también señalaron que el Gobierno ignoró una carta abierta firmada por más de 65 organizaciones canadienses de defensa de la discapacidad, así como el consejo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El proyecto de ley C-7 es el intento del Gobierno canadiense de acomodar un fallo del Tribunal Superior de Quebec, que determinó en septiembre de 2019 que el requisito previo, de que la eutanasia se reservara para los enfermos terminales, era una violación de los “derechos humanos”.
“El ministro de Justicia y el fiscal general de Canadá lamentablemente optaron por no apelar la decisión del Tribunal Superior de Quebec”, dijeron los obispos.
Además, los obispos cuestionaron una encuesta de opinión en línea sobre la muerte asistida cuyos resultados ayudaron a dar forma al texto del proyecto de ley C-7.
“Las preguntas en esta encuesta se enmarcaron de una manera que presuponía un acuerdo con la eutanasia y el suicidio asistido, incluida su ampliación, sin dar a los canadienses que se oponen una voz igual”, dijeron.
A los obispos les preocupa que, aunque menos del 1% de la población canadiense respondiera a la encuesta, “lamentablemente no solicitó datos demográficos detallados y esenciales de los participantes”, incluidas preguntas sobre la edad, el sexo o el estado de discapacidad.
Los obispos señalaron que la naturaleza de la encuesta únicamente podría excluir a los canadienses de bajos ingresos, ancianos, discapacitados cognitivos o canadienses rurales, que pueden carecer de acceso a Internet.
“La encuesta en línea no puede representar un 'amplio espectro' de la población canadiense, como se ha afirmado. Una encuesta tan defectuosa no puede usarse de manera realista para justificar el proyecto de ley C-7”, dijeron.
El Catecismo de la Iglesia Católica condena la eutanasia y el Papa Francisco recientemente reiteró el rechazo de la Iglesia a esta práctica.
Los obispos ahora están pidiendo a los canadienses que “hagan oír su voz”, e “instan firmemente a los miembros del Parlamento a reconocer el don de la vida como un derecho inalienable, para que otros no se lo quiten”.
Publicar un comentario