La solicitud se refiere al Proyecto Varela y a Un cubano un voto, y fue presentada el 25 de enero ante la sección Ministerio del Interior (Atención a la Ciudadanía) por parte de Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del MCL. Hasta el momento, el régimen no ha respondido a ninguna de las dos demandas.
“Por nuestras leyes que han sido aprobadas tenemos derecho a una respuesta, pues hasta ahora han violado nuestras propias leyes y no nos dan respuesta”, señala Rodríguez Gil.
En el documento, la representante del MCL en La Habana recordó que en el 2002 el movimiento fundado por Oswaldo Payá Sardiñas entregó al Gobierno el Proyecto Varela, con el respaldo de 11.020 firmas.
Al año siguiente se entregaron otras 14.384 firmas y en marzo de 2016 el MCL presentó a la Asamblea Nacional 10.009 firmas más. En total, más de 35 mil ciudadanos cubanos han respaldado el Proyecto Varela, que toma el nombre del Venerable P. Félix Varela (1788-1853), sacerdote considerado uno de los forjadores de la nación cubana.
El Proyecto Varela busca la transición de Cuba a la democracia. Para ello se basa en el artículo 1 de la Constitución que reconoce “el derecho a la libertad política”, en el artículo 3 que precisa “que la soberanía reside en el pueblo” y que de este “dimana todo el poder del Estado“, y en el artículo 88 inciso g que “permite a más de 10.000 ciudadanos con derecho al voto presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular iniciativa de leyes”.
Sin embargo, cuando el MCL presentó el Proyecto Varela, la respuesta del Gobierno fue no permitir su debate y aprobar una enmienda constitucional que declaró “irrevocable” el carácter socialista del Estado cubano.
Asimismo, en marzo de 2003 fueron encarcelados 75 opositores, varios de ellos eran gestores del Proyecto Varela. Luego de siete años, y con la mediación de la Iglesia, fueron excarcelados los últimos presos políticos que quedaban de este grupo. Muchos de ellos fueron exiliados, mientras otros permanecen en la isla con licencia extrapenal.
En marzo de 2016, el coordinador nacional del MCL, Eduardo Cardet, dijo a ACI Prensa que la recolección de firmas “ha sido un largo proceso, un arduo trabajo de conquista por la ciudadanía”, pues han tenido que enfrentar “intrigas por parte del Gobierno, trabas, dificultades de todo tipo”.
“Recolectar una firma de apoyo a un proyecto independiente en Cuba significa atraer la represión del régimen, significa la expulsión de un centro de estudios o de trabajo, significa ser marcados como enemigos de esta dictadura totalitaria”, señaló.
“Hay otros ciudadanos que lamentablemente han sido víctimas del acoso, del pánico que infunde la Seguridad del Estado y no continúan con el respaldo al proyecto”, sin embargo, son muchas las personas que se acercan, “se identifican plenamente con el Proyecto Varela y consideran que es una de las vías para la solución de la problemática actual”, afirmó.
Un cubano un voto
La otra demanda democrática a la que el Gobierno aún no responde es la iniciativa Un cubano un voto, entregada el 12 de julio de 2016 por Rosa María Rodríguez en representación del MCL a la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana.
Esta iniciativa fue entregada en el marco de la nueva ley electoral que debía redactar el Parlamento, dos años antes de que Raúl Castro dejara el poder.
Entre los puntos que propone está que se devuelva “a todos los cubanos por nacimiento que residen fuera de la Isla su derecho pasivo de sufragio (voto) y prescribir los plazos de residencia estable y permanente en Cuba, a cumplir, por los ciudadanos cubanos por nacimiento residentes en el exterior interesados en ejercer su derecho activo”.
Además, pide que “para la nominación y elección de puestos de representación popular”, los aspirantes “deben de residir de forma estable y permanente en la localidad que pretenden representar”, y deber ser nominados “por un por ciento razonable de los ciudadanos con derecho al voto de la localidad”. Este respaldo debe conseguirlo el aspirante y su equipo sin el apoyo de cualquier instancia oficial o financiada por el gobierno.
Asimismo, en Un cubano un voto se propone que para cada puesto participen varios candidatos “que aparecerán el día del sufragio en la boleta electoral” y que puedan realizar su campaña de propuesta “usando los espacios públicos, así como a través de los medios de difusión masiva que son propiedad social, garantizándose la igualdad de derechos al acceso de los mismos”.
La iniciativa del MCL propone que los miembros activos de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior participen como votantes, pero no como candidatos; y que el presidente y vicepresidente del Consejo de Estado, “sean nominados por un por ciento razonable de los ciudadanos cubanos con derecho al voto, que lo expresarán mediante su firma y datos de identidad personal”; y que su elección sea “de manera directa y secreta por el voto de los ciudadanos”.
Un cubano un voto también pide que se reconozca “en la ley y en la práctica, la existencia de varios partidos que sean expresión de la diversidad política de nuestro país, donde cada uno desarrolle su respectivo programa de gobierno”.
En su solicitud del 25 de enero la representante del MCL también pidió al Gobierno de Miguel Díaz Canel que se aclaren las muertes de Oswaldo Payá y el activista Harold Cepero, ocurridas el 22 de julio de 2002 cuando viajaban por carretera al oriente de la isla.
Además se pide la libertad para Yandier García Labrada, miembro del MCL arrestado desde octubre de 2020 en Manatí, Las Tunas; y de Rosuan Asley Duran Melchor, nieto de Rosa María Rodríguez, y que, indicó el MCL, fue detenido en represalia porque su abuela se negó a dejar el movimiento disidente.
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