Tras una primera aprobación el 21 de enero, la reforma que aplica para los artículos 67 y 112 de la Constitución de Honduras, recibió 90 votos a favor aunque solo eran necesarios 86.
Ratificación Constitucional al decreto No. 192-2020, sobre la reforma de los artículos 67 y 112, de la Constitución de la República, sobre la prohibición del Aborto en Honduras.
- Aprobada ratificación, con 90 votos a favor.#SesiónLegislativa pic.twitter.com/9aB16mFk3f
La reforma propuesta por el diputado Mario Alonso Pérez, vicepresidente del Congreso de Honduras, agregará cuatro párrafos al artículo 67, en el que actualmente se lee que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”.
Con la reforma, se añadirá que “se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer, a quien debe respetársele la vida desde su concepción”.
Además, el nuevo artículo 67 determina que “lo dispuesto en este Artículo y en el Artículo 112 de la presente Constitución, sólo podrán reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del Pleno del Congreso Nacional” y que “sus disposiciones no perderán vigencia o dejarán de cumplirse cuando sea supuestamente derogado o modificado por otro precepto constitucional”.
En el artículo 112 se dice que en Honduras “se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges”.
La reforma constitucional ratificada este 28 de enero se enfrentó a la oposición de distintos grupos abortistas, entre ellos el sistema de Naciones Unidas en Honduras que, en un comunicado publicado el 23 de enero, pidió al Congreso Nacional “reconsiderar la ratificación de la reforma”.
Sin embargo, los parlamentarios hondureños escucharon la voz de la mayoría de hondureños, expresada, entre otros medios, por las más de 23 mil firmas que apoyaron la reforma constitucional a través de una campaña lanzada en la plataforma CitizenGO.
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