MADRID, 23 Abr. 15 (ACI).- El Servicio Jesuita Migrantes y el equipo de visitas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Pueblos Unidos presentó el Informe CIE y Expulsiones exprés con el testimonio de Miriam, una mujer latinoamericana cuyo hijo fue deportado y que sufrió en primera persona el drama de este sistema de devolución de personas.
En el último año se han registrado 6.462 expulsiones exprés desde España, es decir, directamente desde comisaria y en menos de 72 horas después, además de 4.726 expulsiones procedentes desde los CIE.
Miguel González, Coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes subrayó la decepción que el Reglamento CIE, aprobado hace más de un año ha supuesto para todas las personas que lo acogieron con esperanza. “Tras un año de su aprobación, no se ha implementado casi nada del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros", destacó.
La nueva reglamentación de los Centros de Internamiento de Extranjeros suponía una mejora en las condiciones de vida y de trato de los inmigrantes, pero la falta de medios económicos y la ausencia de guías claras para la Policía en donde encontrar instrucciones uniformes de aplicación del reglamento para todos los CIE hacen que se dificulte la tutela efectiva y que no se garanticen los derechos de las personas internadas.
José María Trillo- Figueroa, abogado de Pueblos Unidos y responsable de la elaboración del informe presentó la preocupante situación actual de esos centros y el incumplimiento del Reglamento aprobado en marzo de 2014.
En ese sentido Trillo-Figueroa apuntó que se avanza hacia un modelo de repatriación de dos velocidades. Las expulsiones exprés que representan el 57,8% han superado en número a las expulsiones desde los CIE 42,2% y están relacionadas con los macrovuelos de deportación, práctica también creciente en los últimos años.
El abogado ha asegurado que cuando se planea uno de esos 'macrovuelos de deportación' se realiza una persecución discriminatoria de los ciudadanos del país de destino para llenar el avión, buscando a los inmigrantes en sus casas, asociaciones e incluso a las puertas del colegio de sus hijos.
Según denunció Ángel Campos, Coordinador del Grupo de Visitas al CIE de Pueblos Unidos, la situación actual de los centros no ha cambiado casi nada a pesar de la aprobación del citado reglamento.
Las instalaciones siguen siendo antiguas y mal mantenidas, la asistencia médica es deficiente y en algunos de los centros no hay servicios sociales o jurídicos, así como tampoco hay traductores lo que hace que el inmigrante esté totalmente vulnerable.
Miriam dio su testimonio de cómo a pesar de tener el permiso de residencia de larga duración en España, en donde reside desde hace 15 años, se le denegó en repetidas ocasiones la regularización de su hijo nacido en un país de latinoamérica.
Mientras que fue menor de edad detuvieron a su hijo en tres ocasiones sin presentar ningún cargo. Cuando cumplió los 18, tras detenerlo cuando iba al instituto.
"No me dieron información, no le pusieron abogado hasta el día siguiente y no me dejaron ir a verlo y despedirme o que viniera a casa a recoger sus cosas”, recordó.
En un plazo de 40 horas desde su detención el hijo de Miriam estaba ya de camino a su país de origen. “Se lo llevaron el día 20 y yo tenía hora para su regularización el día 27… es injusto! No me recibió el juez, no me dieron posibilidad de alegar nada, me sentí desamparada”, subrayó.
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