La Ley de Regulación de la Terminación del Embarazo que debate en el Poder Legislativo irlandés como consecuencia de la eliminación de la Octava Enmienda a la Constitución tras el referéndum del pasado 25 de mayo de 2018. Varios diputados trataban de alcanzar aprovechando la circunstancia una despenalizacion completa del aborto, sin embargo, después de los correspondientes debates parlamentarios, tal pretensión ha sido descartada. El ministro de Sanidad de Irlanda, Simon Harris, pese a ser favorable a la eliminación de la Octava Enmienda, considera que la ley que se debe derivar del resultado del referéndum tiene que ser lo más parecida a la propuesta que se divulgó en la campaña contra el precepto constitucional que protegía la vida de todo ser humano en Irlanda desde su concepción. "Dije después del referéndum para derogar la Octava que sentí la responsabilidad de apegarme a lo que estaba en el esquema general, y estas disposiciones estaban en el esquema general", ha señalado el ministro. A su juicio, la despenalización total del aborto es necesaria para proteger la vida de la mujer, por ejemplo en el caso de que se provocara un aborto fuera de un hospital, aunque puntualizó que
en ningún caso se establecerá un reproche penal para las mujeres que decidan terminar con la vida de sus hijos antes de nacer. Por otro lado, también ha sido rechazada una enmienda que trataba de impedir que el aborto se incorpore a la cartera de lo servicios públicos sanitarios y, por tanto, sea financiado con recursos provenientes de los impuestos de los irlandeses, de acuerdo a la infromación publicada por el
Irish Times. Finalmente,
también se ha fijado como obligatorio un periodo de tres días de reflexión desde que se solicita la realización del aborto, frente a la pretensión de algunos sectores que reclamaban que se pudiera eliminar en el caso de que en ese periodo se sobrepasara el plazo de 12 semanas de embarazo en el que será legal el aborto libre.
Matronas por la objeción de conciencia
El grupo de matronas y enfermeras
4Life Ireland ha presentado una petición firmada por 350 profesionales sanitarias en el que se reclama que la nueva ley del aborto no las obligue a participar de los procedimientos de aborto cuando sean incorporados al sistema sanitario. "Somos enfermeras y matronas dedicadas y trabajadoras que cuidan a pacientes desde la concepción hasta la muerte natural", dice la petición. Estas profesionales apelan a su responsabilidad con la vida humana antes y después del parto: "Respetamos y defendemos la dignidad de cada etapa de la vida humana y
tenemos la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos válidos o razonables para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés por nacer". Esta petición se ha realizado después de que el ministro de Sanidad Simon Harris haya ignorado varias peticiones para mantener una reunión en la que poder intercambiar información sobre cómo les afectará la nueva ley.
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