Redacción Central, 09 Dic. 20 (ACI Prensa).- Luego de que el Gobierno de Costa Rica aprobó el 4 de diciembre el protocolo de aplicación del mal llamado aborto “terapéutico”, los obispos del país volvieron a pronunciarse contra la “cultura de la muerte” y criticaron varios puntos de la norma.
En su comunicado publicado el martes 8 de diciembre, los obispos dijeron “¡no al aborto, no a la cultura de la muerte!”, porque “el no nacido no es un ‘producto’, es persona humana”.
Los prelados indicaron a la opinión pública que “con evidente sorpresa” recibieron “al inicio del Adviento, tiempo de celebración de la vida, la noticia de la aprobación del llamado ‘Protocolo de Atención Clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del código penal: Interrupción Terapéutica del Embarazo’”.
“Ha sido emanado –continuaron– desde la Caja Costarricense de Seguro Social, institución hasta ahora emblemática de la defensa de la salud y la vida de los costarricenses, y aprobado por el Ministerio de Salud, protocolo que operacionaliza la llamada ‘Norma Técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal’, mediante el Decreto Ejecutivo número 42113-S”.
El comunicado precisa que “en una sociedad de derecho, el respeto a la vida de todo ser humano constituye la columna vertebral, dado que la vida es el primero y más fundamental de los derechos. Estar vivos nos permite ejercer todos los demás derechos”.
“Ahora bien, la embriología ha demostrado, sin lugar a dudas, que, desde la fecundación o fertilización, biológicamente está determinada la identidad genética de un nuevo individuo y la pertenencia a una especie en concreto: la humana”, recordaron los obispos, y agregaron que “se debe respetar, por tanto, a esos individuos, su dignidad intrínseca, así́ como todos sus derechos, el derecho a la vida, que, según nuestra Constitución Política es inviolable”.
Por otra parte, subrayaron que “la dignidad humana es la piedra angular de los derechos humanos”, y por ese motivo “todo ser humano es siempre sujeto de derecho y nunca puede ser tratado como un simple objeto”.
“Resulta, en consecuencia, inaudito que en el ‘Protocolo de Atención Clínica para el procedimiento médico, vinculado con el artículo 121 del código penal: Interrupción Terapéutica del Embarazo’, llame y trate a los seres humanos en gestación como ‘producto’, lesionando gravemente su dignidad humana”, criticaron.
También lamentaron que el protocolo pretenda regular lo establecido en el artículo 121 del Código Penal “que ha tutelado por décadas la conducta médica costarricense en lo referente a aquellas situaciones clínicas en las cuales la vida de la madre está en inminente peligro si se mantuviere la gestación”.
“Ningún aborto es ‘terapéutico’, porque no cura ni resuelve la enfermedad de fondo que ha llevado a un punto crítico la gestación de la paciente; y que se ha utilizado el término ‘interrupción del embarazo’ en sustitución del término aborto no punible, tal cual lo señala el supradicho artículo de nuestro Código Penal, que se practica como último recurso cuando se han agotado todas las rutas clínicas para evitar un riesgo mortal o severo para la gestante”, precisaron.
Los prelados también criticaron que el “inicio de este proceso de muerte se genera a solicitud de la paciente y no partiendo del criterio técnico científico del médico especialista tratante, el profesional que tiene el conocimiento y la formación para determinar si la vida de la paciente embarazada se encontrare en peligro inminente o si su salud física pudiera verse realmente comprometida, vista la patología que sufre, concomitante con el embarazo”.
“Claramente entonces prima el criterio de la paciente y no del médico en un ámbito que es, fundamentalmente, de alta especialidad clínica”, lamentaron.
Luego, señalaron que el documento tampoco “garantiza a la paciente con embarazo de riesgo el cumplimiento del Derecho a Salud, tutelado bajo el numeral 21 de nuestra Constitución Política”.
Esto debido a que “no se exige una valoración completa del estado de salud de la gestante con un médico ginecobstetra formado en manejo de embarazos de alto riesgo, quien debería ser el especialista que oriente, guie y solicite iniciar un análisis integral del caso para llegar al extremo de plantear acabar con la vida de un bebé en un caso critico de embarazo”.
“A la luz de este protocolo, cualquier mujer, sin ninguna valoración médica, puede solicitar interrupción de su embarazo únicamente por su deseo de acabar con el mismo, amparándose en la afirmación de que este protocolo busca: ‘...Garantizar el máximo disfrute del derecho a la salud, entendido como el Derecho a tener bienestar físico, emocional y mental a las mujeres que soliciten o requieran una interrupción terapéutica del embarazo en el marco de la norma Técnica...’”, advirtieron los obispos.
En ese contexto, el comunicado explica que se “deja abierto, entonces, un peligroso portillo para obligar a médicos ginecólogos a realizar abortos por causas emocionales o mentales”.
“Esto es, costarricenses, abrir la puerta a una solapada y vergonzosa manera de legalizar el aborto en nuestro país, imponiendo con ello la cultura de la muerte y del descarte, manchando de sangre inocente las manos de nuestros médicos”, agregaron.
La Conferencia Episcopal Costarricense recordó que esta norma “incluye abortos con embarazos mayores de 24 semanas, lo cual es, a todas luces, un acto absolutamente lesivo, puesto que niños de esa edad gestacional pueden vivir si son sujetos de atención en unidades de cuidados intensivos neonatales”.
“No comprendemos, por tanto, cómo se han incluido estos casos en los procedimientos de aborto, cuando en realidad se está enfrente de un parto prematuro. No se dice nada en el mencionado documento sobre la protección de la vida de estos bebés. Tampoco se contempla, en los equipos de atención integral aludidos en el documento, la participación de perinatólogos o neonatólogos que orienten a la paciente en la capacidad institucional de atención a niños mayores de 24 semanas de gestación” criticó el episcopado.
Asimismo, también rechazaron “la aplicación de un aborto a aquellos niños con lesiones congénitas ‘incompatibles con la vida’, sin que se aclaren los parámetros sobre los cuales se determinará esa condición, y cuantos expertos y de qué calidades emitirán ese diagnóstico en solo tres días hábiles, con lo que deja abierto otro peligroso portillo”.
El Código de Ética médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica dice en su artículo 1 que “El respeto por la vida humana. La defensa de la vida en todas sus manifestaciones, constituye la esencia espiritual y científica de la medicina”.
En ese sentido, los obispos afirmaron estar “seguros de que ese es el principio fundamental que ilumina el quehacer diario de los galenos costarricenses”. “Por lo que hacemos un vehemente llamado a este colegio profesional para que se manifieste en contra de este protocolo que pretende regular el ejercicio de la profesión atentando contra el acto médico y legalizando de manera solapada el aborto en nuestro país, añadieron.
También pidieron al “cuerpo médico costarricense para que haga valer la objeción de conciencia, consagrada en el Código de Ética Médica vigente en nuestro país, y no participen de procedimientos que riñan con el ejercicio recto de la noble profesión médica”.
Finalmente, señalaron que “para los creyentes es un deber ante Dios oponerse a todo lo que lesiona la vida”.
Por otra parte, recordaron que “es un principio ético universal, que matar a un ser humano inocente e indefenso es un acto objetivamente malo”.
“Que Jesucristo, Señor de la Vida, y su Madre Santísima, de cuyo seno bendito vino a este mundo el Salvador y Redentor, sostengan en todos los que tenemos esta firme convicción, la decidida intención de proteger, amparar y custodiar, siempre y en toda circunstancia, este don divino y este derecho sagrado llamado vida humana”, concluyeron los obispos costarricenses.
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