El lobby LGTBI reclama multas de 45.000 euros vulnerando el derecho a la presunción de inocencia

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) lleva años tratando de que se apruebe una norma, que llama de "igualdad LGTBI", basada en la desigualdad de sustentarse sobre la inversión arbitraria de la carga de la prueba. Lo cual va contra un derecho constitucional: el de la presunción de inocencia (art 24.2 de la Carta Magna), algo que la Federación parece importarle más bien poco. De esta manera, sigue los pasos de la Ley Integral de Medidas Contra la Violencia de Género, en la que el hombre es sospechoso de maltratador de mujeres por el hecho de ser varón y no es la denunciante la que tiene que aportar pruebas de su responsabilidad sino a la inversa. La Ley de Igualdad LGTBI, que ya fue presentada el pasado mes de septiembre en la Oficina del Defensor del Pueblo, ha llegado al Congreso, donde ha sido explicada ante la concurencia parlamentaria, al tiempo que en Sevilla activistas LGTBI apedreaban #ElAutobúsDeLaLibertad de HazteOir.org, que portaba el lema "Respeto para todos". La propuesta de ley, distribuida en XVII capítulos y 96 artículos, pretende no dejar ningún resquicio sin regular aduciendo una "perspectiva transversal" que incluye medidas en el ámbito laboral, sanitario, familiar, educativo y judicial.

"No se podrá restringir, excluir o suprimir el derecho a la libre autodeterminación de género de las personas", señala la propuesta

Para quien ose discrepar de los planteamientos de la ideología de género articulados en esta norma, la FELGTB prevé sanciones administrativas entre los 3.000 y los 45.000 euros para realizar "una labor pedagógica" al decir de Jesús Generelo, su presidente, en la Comisión de Igualdad del Congreso. Multas, recuérdese, que serán impuestas previendo que el denunciado es culpable de salida, y que el acusador no ha de probar nada.

Derecho a la "autodeterminación de la identidad de género"

La propuesta de FELGTB incluye en su artículo 86 que "no se podrá restringir, excluir o suprimir el derecho a la libre autodeterminación de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del libre y pleno ejercicio de este derecho". De esta manera personas transexuales podrán acogerse a lo establecido en esta ley "sin necesidad de un diagnóstico de disforia de género y sin someterse a un tratamiento médico".

Memoria histórica LGTB

La ley propuesta por la Federación LGTBI, al igual que otras leyes fundamentadas en la ideología de género, prevé la creación de numerosos organismos a cargo del erario público que vigilen por el cumplimiento de sus postulados. Así, la FELGTB exige la creación de un Consejo Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que eleve a nivel nacional el desempeño del Observatorio contra la LGTBfobia pilotado por la asociación madrileña Arcópoli y que ha señalado, entre otros, al director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, a la coach que ayuda a personas que libremente deciden modificar sus comportamientos sexuales o a HazteOir.org. Al mismo tiempo, la propuesta pretende obligar al Gobierno a crear una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo, se prevé un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI, que, se entiende que tratará de restaurar la memoria de quienes fueron condenados durante el franquismo por la Ley de Vagos y Maleantes aprobada durante la II República.

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