La modificación de la Ley 25.871 de Migraciones a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que aprobó el Poder Ejecutivo Nacional, regula las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en el país que tengan condenas penales o antecedentes relacionados con delitos por tráfico de drogas, personas, armas, órganos, lavado de activos e inversiones ilícitas y corrupción.
La Comisión explicó mediante comunicado de prensa el pasado 19 de abril, que el DNU “vulneraría derechos constitucionales garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales” tales como: la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención de Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familias y la Convención de Derechos Humanos.
“Si bien el DNU está dirigido a enfrentar la criminalidad, puede afectar los derechos de las víctimas de delitos”, explicó el texto.
“¿Existe algún dato que justifique la necesidad o urgencia de la reforma de la Ley de Migraciones a través de un DNU?”, cuestionó la comisión episcopal.
“Necesitamos convertir hostilidad en hospitalidad, rechazo en acogida”, advirtió la comisión y recordó las palabras del Papa Francisco en la Jornada Mundial del Migrante, 2016 que dijo: “La Iglesia apoya a todos los que se esfuerzan por defender los derechos de todos a vivir con dignidad”.
“La Iglesia Católica reconoce distintos rostros de ‘pobres y excluidos’ en nuestra nación, entre ellos el de los migrantes. En muchas ocasiones viven situaciones de pobreza y marginación y a veces son acusados de los males de nuestra sociedad”, reflexionó.
Asimismo, la comisión episcopal explicó que “Argentina ha recibido siempre como hermanos e hijos a los migrantes de todo el mundo y, en especial en estas últimas décadas, los de los países limítrofes y de América Latina”.
“Favorecer el desarrollo de una cultura de respeto y solidaridad con el migrante, debe seguir distinguiéndonos… porque fui forastero y me alojaron…”, agregó el texto.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 1 de febrero de 2017
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