Los gobernantes izquierdistas de México quieren que se aborte a bebés de 6 meses

Miguel Angel Mancera alcalde de México

En la Ciudad de México es posible realizar un aborto a libre petición de la madre en tanto que el bebé no tenga más de 12 semanas de gestación. Ahora el gobierno de la ciudad quiere ampliar este plazo hasta las 24 semanas. Esta es la forma en la que la izquierda mexicana “celebra” los diez años de la aprobación de una ley que convirtió a la Ciudad de México en territorio libre para el aborto y que ha cobrado la vida de casi 180 mil niños, según las cifras oficiales. El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa modificó el artículo 144 del Código Penal local y la Ley de Salud por iniciativa de la bancada del izquierdista (PRD). provida México A pesar de una intensa presión popular contraria a los cambios, éstos fueron aprobados por 46 votos a favor de los diputados del PRD, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido del Trabajo (PT), de Nueva Alianza, Convergencia Democrática y Alternativa Socialdemócrata. Los 17 asambleístas del Partido Acción Nacional (PAN) y los dos del Partido Mexicano Verde Ecologista (PMVE) votaron contra la legalización del aborto y hubo una abstención, la del priísta Martín Olavarrieta. Desde entonces cualquier mujer con un embarazo en curso de hasta tres meses puede abortar en el servicio público de salud o en una institución privada con sólo pedirlo. Ahora la izquierda, que gobierna la Ciudad de México desde 1997, quiere más. Lo anunció en el evento organizado el pasado 24 de abril por la administración del perredista Miguel Angel Mancera, alcalde de México, para “celebrar” una década de la llamada “Ley para la Interrupción Legal del Embarazo”. Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la ciudad, divulgó delante de la “flor y nata” de la “progresía” mexicana que iniciarán el debido proceso para ampliar el alcance de la actual legislación y consolidarla.
Un grupo LGTB pretende que México llegue a los niveles de aborto del Reino Unido y que la muerte de fetos deje de considerarse un crimen
Quien apuntó hasta donde quieren llegar fue Marta Lamas, antropóloga especialista en Teoría de Género de la Universidad Nacional Autónoma y cofundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Este Grupo es una de las más radicales organizaciones feministas en México y desempeñó un papel fundamental en la redacción de la iniciativa de ley de 2007 y en el lobby ejercido para su aprobación. [caption id="attachment_45229" align="aligncenter" width="640"]Manifestación por la familia en México Manifestación por la familia en México / CitizenGo[/caption] Desde su fundación en 1992 ésta organización se dedica a convencer a quienes tienen poder de decidir — políticos, legisladores y magistrados — de que el aborto no debe considerarse crimen en una sociedad “civilizada” y democrática. Y ha sido eficaz. “Como hemos hecho una estrategia reformista de ir poco a poco en la Ciudad de México, no pretendo que de 12 pasemos a 24 semanas, pero sí podemos ir pensando en 16 o en 18 para con el tiempo llegar a 24”, afirma Lamas. Sostiene que la capital mexicana debe situarse al mismo nivel de “garantía de los derechos reproductivos” que el Reino Unido que, desde 1967, permite abortar desde las 24 semanas. Efectivamente, la legislación britanica es una de las más permisivas de Europa, pero Lamas no dijo que se rige por una serie de supuestos: sólo puede abortarse en caso de riesgo de vida, o de daños físicos o mentales graves y permanentes para la mujer, y cuando el bebé es portador de discapacidad. En caso de que el gobierno amplíe el plazo para que una mujer pueda abortar, lo hará sin establecer supuestos, será libre tal como está ahora. Así, la legislación capitalina se consolidaría como una de las más permisivas del mundo, junto con las dictaduras de Cuba, China, Corea del Norte. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, detalla que la nueva Constitución de la ciudad promulgada el pasado 5 de febrero establece una serie de “derechos sexuales y reproductivos” (artículos 6 y 9). El artículo 6 dice: “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible”. A pesar de que el dispositivo no hace referencia explicita al aborto, ni siquiera con el eufemismo “interrupción del embarazo”, el alcalde de México Miguel Ángel Mancera asevera que en él esta inscrito el supuesto “derecho a elegir” si se lleva a termino o no un embarazo. Las actas de los debates y votaciones de los parlamentarios podrían desmentirlo. Gracias a un compacto grupo de legisladores provida el párrafo del proyecto de Constitución que establecía adoptar “medidas para garantizar la autonomía reproductiva” no alcanzó la mayoría requerida. También consiguieron bloquear las diversas tentativas del PRD y del también izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (conocido por su acrónimo Morena) de incluir el aborto como un “derecho”. La última propuesta que consiguieron anular fue de la diputada Lol Kin Castañeda, militante LGBT afiliada al PRD, que propuso integrar al artículo 11 que “toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica y a decidir sobre su propio cuerpo”. Fue derrotada. Y aunque los legisladores provida tampoco consiguieron asegurar el reconocimiento del derecho a la vida, los debates realizados y el resultado de las votaciones comprueban que no había consenso en la Asamblea respecto al aborto, por el contrario había fuertes divergencias. Por tanto, es cuestionable que el alcalde Mancera afirme que la intención de los constituyentes en el artículo 6 era garantizar el aborto como “derecho reproductivo”. Durante estos diez años se han realizado 176.109 abortos a mujeres de entre 11 a 54 años de edad. Casi la mitad de ellas (47 por ciento) son jóvenes no mayores de 24 años de edad y solteras. La mayoría solicitan la intervención entre la sexta y novena semana de embarazo. Del total de abortos 125.275 fueron efectuados en mujeres radicadas en la capital. El resto, más de 40.000, en habitantes del resto del país. En el país cada estado tiene su propia legislación en la materia en dispositivos contenidos en el Código Penal y a veces en la Constitución local. La Constitución de la República, por su parte, no explicita el derecho a la vida desde la concepción en ninguno de sus artículos. Sin embargo, de acuerdo con algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia el reconocimiento del derecho a la vida está implícito en los artículos 1, 14, 22 y 29 de la Carta Magna. [caption id="attachment_59914" align="aligncenter" width="800"]El presidente de México, Enrique Peña Nieto /Efe El presidente de México, Enrique Peña Nieto /Efe[/caption] En el país 18 estados han reconocido el derecho a la vida desde la concepción en sus constituciones locales desde 2007, como una reacción no esperada por las feministas a la legalización en la Ciudad de México. Los restantes 13 estados no modificaron su legislación, mantienen el aborto como un crimen pero no es castigado en algunos casos descritos en cada Código Penal local.
La capital es una “isla de sangre y muerte” como la ha llamado un antiguo activista provida, Jorge Serrano Limón
Sólo la capital del país es un territorio libre para el aborto. Una “isla de sangre y muerte” como la ha llamado un antiguo activista provida, Jorge Serrano Limón. Actualmente hay 13 unidades del gobierno capitalino que realizan abortos “gratuitos”, que en realidad son financiados con dinero público. En paralelo toda una industria de “abortorios” privados se ha desarrollado al amparo de la ley. Promocionan el aborto como un producto, ofrecen promociones, “paquetes” y “servicios plus”. Dependiendo el “abortorio”, el valor cobrado por cada intervención quirúrgica va de 2. 500 a 10.500 pesos. El aborto a través de ingestión de “medicamentos” cuesta 1.900 pesos. En la presentación de las cifras el gobierno alardeó de que el número de muertes maternas causadas por aborto ha sido igual a cero. Sin embargo, las organizaciones provida tienen registro de por lo menos 38 mujeres muertas en la práctica del aborto legal. En la prensa nacional hay silencio al respecto. Uno de los pocos casos que recibió atención fue el de Vianey, una adolescente de 15 años de edad que fue medicada con Misoprostol y luego se le realizó un aborto por succión. Murió por una hemorragia interna el 12 de febrero del 2008. Las organizaciones provida han afirmado constantemente que no descansarán hasta que ese “holocausto legal” sea parado. “Sabemos que es una lucha de largo plazo, cultural y política, en la que están en riesgo, literalmente, miles de vidas todos los días”, afirma Marcial Padilla, presidente de ConParticipación. La izquierda lo sabe. Mercado ya ha advertido que se contrarrestará el riesgo de que “grupos conservadores” impidan el ejercicio del “derecho a la libre determinación de las mujeres sobre su cuerpo”. Una de ellas es a través del adoctrinamiento de la juventud. En las escuelas secundarias se repartirá un libro de educación sexual elaborado hace unos meses por la administración local. El alcalde Mancera reconoce que la legalización del aborto fue conseguida a “contracorriente” de la población. Un pequeño lobby con una adecuada representación parlamentaria se ha impuesto en un tema conflictivo que divide a los habitantes de la ciudad. [caption id="attachment_45225" align="alignnone" width="944"]mexico manifestacion familia Momento de la manifestación a favor de la familia en México / Actuall[/caption] En un sondeo de la empresa Parametria en 2007, el 44 por ciento de los capitalinos está a favor del aborto y 39 por ciento contra, con un margen de error de 5 por ciento. O sea, casi empate.

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