David Hernández
Uno de los puntos más importantes que los mexicanos considerarán a la hora de emitir su voto el próximo 1° de Julio son las propuestas que los candidatos ofrecen en materia económica: crecimiento nacional, apoyo a pequeñas y medianas empresas, ajustes de sueldos y mayores oportunidades de empleo. Temas que están en el ideario colectivo de la nación y que difícilmente pasarán desapercibidos.
En una encuesta publicada por este medio el primer domingo del 2018, la sociedad manifestó que su mayor expectativa en materia económica para este año, era no tener sueldos precarios y no más aumento a la gasolina. Con base a esto se formula la pregunta: ¿será acaso que alguno de los candidatos tiene la disposición y la capacidad de atender a las necesidades financieras de los ciudadanos?
Al respecto, la Iglesia Católica se ha encargado a través de los años de recordar el papel trascendente que juegan los funcionarios públicos en la parte del desarrollo económico y en la gestión de los recursos, acciones que se han de hacer con toda transparencia y justicia.
La Doctrina Social de la Iglesia establece en el capítulo séptimo que el Estado ha de crear condiciones favorables para fomentar el libre ejercicio de la actividad económica; así como establecer límites a la autonomía de las partes para defender a los más vulnerables. Lo que quiere decir que los gobernantes que designemos tendrán la tarea fundamental de definir un marco jurídico apto para regular las relaciones económicas.
El papel del Estado en el sector económico
El Papa Juan Pablo II explicó y señaló en el número 48 de su Carta encíclica Centesimus annus (1991) -documento promulgado en ocasión de los cien años de la Rerum Novarum (1891) que fue la primer encíclica social de la Iglesia- las funciones del Estado en el ámbito económico, las cuales son necesario considerar y contrastarlas con las propuestas que se nos ofrecen:
•“Garantizar la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos de eficiencia […] de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente”.
l Vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico; pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad […] lo cual no significa que el Estado no tenga ninguna competencia en este ámbito”.
l El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis”.
l “El Estado tiene, además, el derecho a intervenir, cuando situaciones particulares de monopolio creen rémoras u obstáculos al desarrollo”.
l “Ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales, cuando sectores sociales o sistemas de empresas, demasiado débiles o en vías de formación, sean inadecuados para su cometido”.
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