David Garza, abogado de la Diócesis, dijo al diario Caller Times que esta pretensión gubernamental “va contra la Primera Enmienda (de la Constitución) que se refiere a la libertad religiosa”.
El terreno que pretende usar el Gobierno es parte de la Lomita Mission, cerca al Río Grande en la frontera con México.
En octubre el Obispo de Brownsville, Mons. Daniel Flores, emitió un comunicado en el que informó que estaba en conversaciones con los representantes del Gobierno.
“Si bien el Obispo tiene el mayor respeto por las responsabilidades de los hombres y mujeres involucrados en la seguridad fronteriza, a su juicio, las propiedades de la Iglesia no deben ser utilizadas con los fines de construir un muro fronterizo”, indicaba el comunicado.
“Tal estructura limitaría la libertad de la Iglesia para ejercer su misión en el Valle del Río Grande y de hecho sería una señal contraria a la misión de la Iglesia”, agregó.
Por lo tanto y en principio, “el Obispo no consiente utilizar las propiedades de la Iglesia para construir un muro fronterizo”.
El abogado indicó que el Departamento de Seguridad Nacional no puede confiscar propiedades de la Diócesis de Brownsville, ya que la Lomita Mission hace parte del Registro Nacional de Lugares Históricos y es, además, un lugar de culto.
“La Lomita Chapel es un lugar sagrado destinado al culto divino al que los fieles tienen el derecho de acceder para el culto, especialmente en su público ejercicio”, dijo el jurista.
La Lomita Mission fue construida en 1865 por los misioneros oblatos. Era el punto medio entre los pueblos de Roma y Brownsville en Texas. Una inundación destruyó la capilla original pero fue reconstruida en 1899.
Traducido y adaptado por Walter Sánchez Silva. Publicado originalmente en CNA
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