CitizenGO ha denunciado que la más alta instancia de la justicia brasileña, el Tribunal Supremo Federal (TSF) está “activismo judicial”, y ha puesto en marcha una campaña online de recogida de firmas para pedir a la Cámara de Representantes que voten el proyecto de ley 4754, presentado en 2016, por el que se instauraría el “uso de la responsabilidad del poder legislativo o ejecutivo”.
A esta situación llegan después de lo que el portavoz de la asociación en Brasil, Guilherme Ferreira considera una serie de “injerencias”: “El caso más reciente es la criminalización de la homofobia. En esa decisión, el TSF creó un tipo criminal (algo que va más allá de su competencia), equiparó "homofobia" con racismo, y no definió exactamente qué sería "homofobia", dando lagunas a cualquier persona acusada de este crimen simplemente por estar en desacuerdo con cualquier Práctica o idea defendida por el movimiento LGTB.”
El tribunal también ha legislado que hasta el tercer mes de embarazo no es un delito.
Ferreira concluye que “quieren arrogarse el papel de legislador, cambiar la Constitución como ellos quieran, sin intervención del Congreso Nacional”.
Estas denuncias que ahora son canalizadas a través de la plataforma internacional pesan sobre este tribunal desde hace algunos años. Juristas del país reconocen que “la actual constitución ha ampliado el alcance del TSF”, y diputados como Douglas García (PSL) han denunciado públicamente al tribunal por este activismo.
La plataforma CitizenGO espera que con la aprobación de la iniciativa parlamentaria que proponen se daría coto al activismo judicial, “cuyo primer objetivo es la plena legalización del aborto impuesto contra la voluntad del legislador y del pueblo brasileño, pero no sólo se limitará al aborto.”, concluye Ferreira.
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