Las nuevas medidas ayudarán a evitar que los docentes minen la moral sexual con su comportamiento personal o se sumen al activismo público en posiciones contrarias a la doctrina católica, en temas fundamentales como el aborto y la defensa de la vida; o el mal llamado “matrimonio” gay.
Estas medidas no han sido bien recibidas por el lobby homosexual que ha iniciado una serie de ataques, protestas y amenazas contra el Arzobispo que es además Presidente del Subcomité para la Promoción y Defensa del Matrimonio de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).
La oposición a las acciones de la arquidiócesis ha logrado cierta popularidad en una ciudad conocida por su activismo permisivo. Grupos de activismo LGTB (lesbianas, gay, bisexuales y transexuales), como “Human Rights Campaign” han promovido la oposición nacional y han avivado una cobertura mediática hostil hacia Mons. Cordileone.
La arquidiócesis de San Francisco explicó que las adiciones al manual y a los contratos no contienen nada nuevo, sino que simplemente buscan “clarificar las expectativas existentes de que los profesores católicos en sus vidas profesionales y públicas defiendan la enseñanza de la Iglesia”.
Los cambios se enfocan en la moral sexual y la práctica religiosa, debido a la frecuente confusión sobre la postura de la Iglesia, dijo Mons. Cordileone a inicios de febrero.
Recientemente, la empresa de relaciones públicas de Sam Singer fue contratada por un grupo de “padres preocupados” para atacar al Arzobispo y forzar la eliminación de las nuevas normas.
Sam Singer es conocido por defender a la gigante petrolera Chevron de una sentencia que la obligaba a compensar con miles de millones de dólares por supuestamente contaminar la Amazonía y perjudicar a comunidades indígenas de Ecuador.
Además, ocho legisladores de California críticos de Mons. Cordileone le enviaron una carta el 17 de febrero exigiéndole retirar las cláusulas sobre moralidad.
Según los políticos estadounidenses, los requerimientos de la arquidiócesis “infringen la libertad personal de sus empleados” y “envían un mensaje de alarma de intolerancia a la juventud”.
Los legisladores aseguraron que el documento “fomenta un ambiente discriminatorio” en la comunidad, y señalaron que las exenciones de libertad religiosa en la ley federal están siendo usadas como “un instrumento para la discriminación”.
Bill May, presidente de Católicos por el Bien Común, organización con sede en California, dijo a ACI Prensa que “lo que está sucediendo es un desafío directo por parte de autoridades públicas a la autoridad de enseñanza de la Iglesia, y a su derecho a enseñar su doctrina, en directo conflicto con la Primera Enmienda (de la Constitución de Estados Unidos)”.
En su respuesta a los legisladores californianos, Mons. Cordileone subrayó la necesidad de una información completa y exacta, indicando que hay “mucha desinformación” circulando sobre el nuevo contrato.
Es una falsedad decir que las cláusulas de moralidad aplican a las vidas privadas de los profesores, indicó.
El Arzobispo dijo que respetaría a los políticos que contratan o no contratan “a quien quieran para avanzar en su misión”.
“Simplemente pido el mismo respeto de parte de ustedes”, indicó a los políticos.
A pesar de las amenazas de los legisladores californianos, Bill May destacó que “a diferencia de los políticos, la Iglesia no pone normas en base a la opinión popular. Si lo hiciera sería un fraude”.
La carta de los legisladores, dijo, es “un intento arrogante de políticos de desafiar la autoridad del Arzobispo para fijar normas sobre quién está autorizado a enseñar doctrina católica a los niños”.
May defendió las normas, diciendo que es razonable que los padres que envían a sus hijos a escuelas secundarias católicas estén seguros de que sus hijos aprenderán “auténtica enseñanza católica, sin entrar en conflicto con comentarios o ejemplos de personas con autoridad”.
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